La certificación no tiene otro fin que darle más dinero para armas a la narcoparademocracia colombiana. Resuena la voz de Piedad Córdoba: 30.000 secuestrados, 2millones de dezplazados, un millón de muertos, 13 millones de indigentes....

En una notificación al Congreso, el gobierno estadounidense dijo que tanto el Gobierno como las Fuerzas Armadas están cumpliendo con los criterios respecto al tema y al corte de vínculos con paramilitares. La certificación fue entregada al Congreso el 4 de abril y permitirá la liberación del remanente de los fondos del año fiscal 2006 destinados al aparato militar colombiano, dijo la oficina del portavoz Sean McCormack.

McCormack explicó que el gobierno del presidente Álvaro Uribe "ha mostrado su compromiso para mejorar el respeto por los derechos humanos a través de todos los sectores de la sociedad y sigue comprometido en trabajar con la comunidad internacional para profundizar el avance". Pero, agregó que Estados Unidos reconocía también que "todavía hay progresos por hacer" y que tomaba con seriedad "todos los informes de abusos de los derechos humanos" que se producen en ese país.

El anuncio del Departamento de Estado se produjo coincidentemente con un agradecimiento a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la donación de medio millón de dólares para su funcionamiento. La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos y realiza su misión prácticamente con donaciones debido a sus dificultades presupuestales. No indicó el monto de recursos pendientes del 2006, pero otras fuentes estimaron que sería de unos 70 millones de dólares.

La ayuda militar y policial a Colombia en ese año fue de casi 591 millones de dólares. En la ley de operaciones exteriores, sólo una pequeña parte de esa suma ha sido ligada, como en años anteriores, a una certificación por el Departamento de Estado sobre el respeto a los derechos humanos y el corte de las relaciones entre militares del gobierno y grupos paramilitares.