El ministro de Hacienda de Colombia, Oscar Iván Zuluaga, aseguró que el presidente Uribe tenía conocimiento del caso cuando lo nombró en el cargo Credito: TeleSur

TeleSUR _ 09/04/07 - El ministro de Hacienda de Colombia, Oscar Iván Zuluaga, tras admitir su relación con la jefe paramilitar Maribel Galvis, afirmó que el presidente Álvaro Uribe tenía conocimiento del caso cuando lo nombró en el cargo el pasado mes de febrero.

Oscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda de Colombia, reconoció este lunes que en el año 2003 hizo campaña política en el departamento de Caldas (centro -oeste) con una dirigente que tres años más tarde confesó que hacía parte de los grupos paramilitares colombianos, conocida como Maribel Galvis.

El reconocimiento del funcionario fue divulgado por una emisora radial colombiana en la que el dirigente político, de 50 años, reveló los detalles de su encuentro.

Según lo anunciado por Zuluaga, el hecho (la reunión) es público y afirmó que el propio presidente de Colombia, Álvaro Uribe, tenía conocimiento de ello cuando lo nombró en el cargo el pasado mes de febrero.

"Él (Uribe) siempre me ha manifestado su solidaridad", sostuvo Zuluaga a la radio LW.

Las declaraciones de Zuluaga se producen días después que la revista colombiana Cromos, difundiera en una de sus ediciones una fotografía del ahora ministro de Hacienda junto a la dirigente paramilitar Maribel Galvis, durante un acto político para las elecciones regionales de 2003.

Zuluaga sostuvo que al momento que le tomaron la fotografía desconocía que la mujer era paramilitar por lo que "supe que Galvis pertenecía a los escuadrones de ultraderecha en 2006, cuando la misma mujer lo admitió ante las autoridades".

Durante el mes de febrero, el presidente Álvaro Uribe, lanzó críticas contra un informe de la fundación independiente Nuevo Arco Iris, que advirtió sobre las "sospechas" de que Zuluaga habría recibido apoyo electoral de paramilitares.

Las relaciones de políticos con paramilitares desataron el denominado escándalo de la "parapolítica" en Colombia del que ya se han ejecutado órdenes de captura contra 14 congresistas y aún son investigados políticos municipales y regionales por firmar pactos de reparto de puestos burocráticos y presupuestos con facciones paramilitares.