MADRID.- En pleno debate sobre el futuro proyecto de ley del derecho a la vivienda de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona llevará a cabo, antes de su aprobación, uno de sus puntos más polémicos: la expropiación de los pisos vacíos e incluso algunos con inquilinos. En total, el Consistorio embargará tres solares y siete edificios en el barrio Ciutat Vella para dedicarlos a la construcción de viviendas sociales.

La Comisión de Gobierno barcelonés dio luz verde a la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) para impulsar más de 350 pisos públicos en Ciutat Vella. Este proyecto urbanístico prevé el levantamiento de las casas en fincas de propiedad municipal, fincas traspasadas a cooperativas u otros promotores públicos y fincas privadas que han sido necesario expropiar. Punto este último donde hay un resquicio a la polémica.

"Se ha cambiado la calificación de estas superficies y bloques de tal modo que el Ayuntamiento puede ampararse en la ley", indican fuentes oficiales desde donde también se apunta que aún hay algunos inquilinos viviendo en estos pisos. "Se les realojará en viviendas de mejores condiciones y siempre respetándoles sus contratos de alquiler". Cabe hasta la posibilidad de que en un futuro a largo plaza regresen a las nuevas construcciones que ocuparán, aún no se sabe cuándo, sus actuales hogares.

Desde el distrito afectado por el embargo de las fincas y edificios se afirma que el Consistorio se escuda para efectuar la acción en una "normativa que está en vigor desde hace años y por la que tiene derecho a ejecutar la expropiación". En concreto, se ha tratado de tres solares que están abandonados desde hace años y siete construcciones degradadas. Cuatro de ellas con serios problemas de conservación. Además, de los siete bloques abandonados dos están catalogados como 'Bien cultural de interés local', por lo que deberán conservar la fachada original tras su rehabilitación.

Sus propietarios no han dado señales de vida en más dos años, justo desde que se les aconsejó adecuar las superficies requisadas. "Estos espacios crean situaciones de inseguridad y actividades marginales", se afirma desde el Ayuntamiento. Su portavoz, Juan Ignacio Cuervo advierte que esta situación jurídica, sin precedentes, tiene que "servir de ejemplo a otros distritos".

Desde CiU, su portavoz municipal en materia de vivienda, Eduardo García, cree que esta acción no es nada más que otro "acto para colgarse medallas" de cara a las próximas elecciones locales. "Además, lo han hecho muy bien porque los propietarios del edificio que se encuentra en el número 1 de la calle Caputxins, uno las construcciones emblemáticas afectadas y que está situado junto a la Iglesia Santa María del Mar, llevan solicitando permiso para su rehabilitación desde 2005 y el Consistorio no se lo ha concedido", declara García, que no entiende muy bien que se vayan a levantar pisos públicos en esa zona de la ciudad.

Eduardo García, de CiU, califica la acción como un simple acto para 'ponerse medallas'