Lima, 10 mar (PL) El Instituto de Defensa Legal (IDL) criticó hoy la decisión de un fiscal de cerrar una investigación sobre la responsabilidad del presidente Alan García en una matanza de presos en su primer gobierno (1985-90).

Una declaración de la entidad no gubernamental deploró en tal sentido la determinación del magistrado, Edgar Chirinos, que extendió la misma al actual vicepresidente, Luis Giampietri, y al ex viceministro del Interior de aquella época, Agustín Mantilla.

Giampietri dirigió las tropas que debelaron el motín carcelario de presos por terrorismo de la isla-presidio de El Frontón, mientras Mantilla estuvo en la isla. Ambos niegan sus responsabilidades y excluyen de toda culpta a García.

La operación dejó un saldo de más de 130 reclusos y cuatro uniformados muertos y entre los primeros muchos fueron ultimados tras rendirse, según testimonios de sobrevivientes.

El IDL denunció que el fiscal Chirinos cerró las pesquisas pese a contar con "múltiples evidencias que abonaban a demostrar la existencia de responsabilidad penal" de García, Giampietri y Mantilla, "indebidamente excluidos de la investigación judicial".

El magistrado dictaminó que solo deben ser juzgados por la matanza, registrada en junio de 1986, decenas de militares de las fuerzas especiales de la Armada que participaron en la represión.

La abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), calificó de asombroso el cambio de actitud del fiscal Chirinos, quien, tras considerar pertinente la reapertura de la investigación, modificó su criterio, debido a eventuales presiones.

Advirtió que las instituciones de derechos humanos seguirán acumulando pruebas sobre la matanza de El Frontón hasta que el Ministerio Público esté libre de la influencia del partido de gobierno.

El fiscal alegó que no se ha podido probar que García ordenó la masacre ni que Mantilla lo representó en la isla, y que ninguno de los dos tenía mando efectivo en el lugar.

El mandatario peruano ha sostenido siempre que el Consejo de Ministros ordenó a las fuerzas armadas que retomaran el control de El Frontón y otras cárceles donde los presos estaban amotinados, y que no tuvo conocimiento de los detalles operativos.

Sobre Giampietri, Chirinos sostuvo que no estaba al mando de las tropas cuando ocurrieron las ejecuciones extrajudiciales denunciadas, pues se retiró tras ser sofocado el motín.

El abogado de una de las víctimas, Carlos Rivera, dijo esperar un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que esa instancia ordenó reabrir el caso y sancionar a los responsables.

La corte ha dictado varias sentencias contra el Estado peruano, por diversos crímenes de lesa humanidad registrados durante la represión de los grupos armados que operaron en Perú entre 1980 y la primera mitad de la década de los 90.

Un reciente fallo de ese tipo, por otra matanza de presos bajo el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), fue duramente criticado por el gobierno.