Caracas, 08 Mar. ABN.- El Congreso ecuatoriano suspendió sus sesiones de este jueves por falta de quórum, luego de la destitución de 57 de los 100 diputados que componen el Parlamento.

A estos parlamentarios se les acusa de tratar de frenar la consulta popular para instaurar una Asamblea Constituyente.

De acuerdo con información del diario La Hora, luego de pasar lista a los diputados que se encontraban en la sala y constatar que no existía el quórum reglamentario, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Cevallos, procedió a convocar la sesión para el próximo martes.

Cevallos, del opositor Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (Prian), señaló que el Legislativo no ha recibido ninguna notificación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre las destituciones de los diputados.

En la sesión prevista para este jueves se contemplaba tratar, entre otros temas, el análisis de la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la destitución de los 57 parlamentarios por interferir en el referendo sobre la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, el TSE anunció la destitución y suspensión, por un año, a los derechos políticos a 57 diputados, de los cuales 52 pidieron el reemplazo del presidente del organismo electoral, Jorge Acosta.

Los cinco legisladores restantes que fueron cesados presentaron el lunes una demanda de inconstitucionalidad contra la convocatoria de la consulta popular para una Asamblea Constituyente.

Acosta acusó a los diputados de pretender «desarticular al TSE e impedir la realización de la consulta» y recalcó que «ningún organismo ni persona natural o jurídica puede realizar acción alguna que impida u obstaculice la consulta popular».

La medida de suspender la sesión provocó la protesta de los diputados presentes, en su mayoría, pertenecientes a las organizaciones políticas de Izquierda Democrática (ID), Red Ética y Democracia (RED), Movimiento Popular Democrático (MPD) y Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE).

Entretanto, el edifico sede del Congreso de Ecuador continúa bajo un amplio resguardo policial dispuesto por el Gobierno del presidente Rafael Correa, para impedir el ingreso a los diputados destituidos por la corte electoral.