Prensa latina/ inSurGente.- El presidente peruano, Alan García, declinó comparecer mañana ante una jueza que pide interrogarlo sobre una matanza de presos por terrorismo registrada durante su primer gobierno (1985-90). La jueza, María León, busca que García le informe sobre las órdenes precisas que dio a su viceministro del Interior, Agustín Mantilla, quien representó al gobierno en la represión de un motín de reos por terrorismo, con un saldo de 135 muertos, el 19 de junio de 1986. También sobre una eventual orden que dio como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, para que los infantes de marina encargados de la operación, enterraran los restos de las víctimas.

La decisión del mandatario fue anunciada por el primer ministro, Jorge del Castillo, pese a que la magistrada, María León, había asegurado que García le había confirmado la audiencia.

Del Castillo argumentó que la magistrado citó al gobernante para reunirse en una antigua dirección de García que ya no está vigente y dijo que la jueza está desinformada y "debe ponerse al día".

Aseguró, sin embargo, que García no tiene inconveniente en declarar como testigo en el proceso por la masacre de El Frontón, en 1988, aunque tiene la prerrogativa de decidir el lugar y el momento para hacerlo.

La jueza quiere interrogar al mandatario como testigo, pues el Ministerio Público resolvió en 2006 excluirlo como inculpado, pese a que una comisión parlamentaria y el Instituto de Defensa Legal han sostenido que existen elementos para enjuiciarlo.

León busca que García le informe sobre las órdenes precisas que dio a su viceministro del Interior, Agustín Mantilla, quien representó al gobierno en la represión de un motín de reos por terrorismo, con un saldo de 135 muertos, el 19 de junio de 1986.

León preguntará además al gobernante sobre las informaciones que recibió de Mantilla y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante el sofocamiento del motín de los presos, acusados de pertenecer al grupo Sendero Luminoso.

También sobre una eventual orden que dio como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, para que los infantes de marina encargados de la operación, enterraran los restos de las víctimas.

En el caso está involucrado además el vicealmirante en retiro Luis Gampietri, actual vicepresidente de la República y considerado representante de las posiciones más autoritarias en el gobierno.

Giampietri participó como oficial en la represión del motín registrado en El Frontón, una pequeña isla cercana a Lima y usada entonces como prisión.

Al interrogatorio asistirán también un representante del Ministerio Público y los abogados de los familiares de las víctimas, los que también podrán hacer preguntas al mandatario, a través de la jueza.

La fiscal del caso, Luz Ibáñez, dijo que analiza un pedido de esos abogados para que Garcia sea comprendido como inculpado en el juicio, lo cual consideró pertinente el Instituto de Defensa Legal.

Cuando la represión era inminente, la actuación de los infantes de marina fue rechazada por el juez y el fiscal a cargo del caso.

El viceministro Mantilla anunció entonces que el gobierno había declarado la isla zona militar restringida, lo que dio luz verde a la intervención de las tropas.

Al mismo tiempo, fuerzas militares y policiales atacaron con explosivos y otros medios la cárcel limeña de Lurigancho para debelar un motín simultáneo de reos por terrorismo, con un saldo de 124 muertos, la mayoría ultimados con tiros en la nuca, tras rendirse.

Tras los crímenes, García condenó las matanzas pero estas siguen impunes, según instituciones defensoras de los derechos humanos.

El ex viceministro Mantilla es acusado además de haber dirigido, eventualmente por encargo de García, al grupo paramilitar Comando Rodrigo Franco, que dio muerte en esa época al sindicalista Saúl Cantoral y realizó otras ejecuciones extrajudiciales.