Bogotá/EFE — La campesina colombiana Yolanda Izquierdo, líder de un movimiento que trabajaba en la recuperación de tierras usurpadas por paramilitares, fue asesinada a las afueras de su domicilio en Montería, informó la Policía Nacional ayer en Bogotá. En el atentado, que tuvo lugar el miércoles por la tarde en Rancho Grande, barriada en la periferia de Montería, también resultó herido Francisco Torreglosa, esposo de la mujer.
Según el informe policial, dos hombres que circulaban en una motocicleta asesinaron a Yolanda Izquierdo.
La campesina es la segunda líder de desplazados en la región asesinada en menos de una semana. La primera víctima fue el presidente del Comité de Desplazados de la localidad de Cotorra, Freddy Espitia, quien fue tiroteado el pasado 28 de enero.
La líder conformaba una familia de desplazados de Córdoba, departamento del que es capital Montería, región del noroeste del país, que estuvo bajo control de la desmovilizada organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Más de 31,000 paramilitares dejaron las armas dentro del proceso de paz que el Gobierno y las AUC mantuvieron desde diciembre de 2002 y que a finales del año pasado entró en la fase judicial, con la aplicación de una polémica ley de reinserción a acusados por crímenes de lesa humanidad.
Como representante de las víctimas de los ultraderechistas en su región, la campesina participó en algunas de las audiencias judiciales en las que ha comparecido Salvatore Mancuso, antiguo jefe máximo de las AUC y oriundo de Córdoba.
A mediados del pasado enero, Izquierdo denunció al diario bogotano “El Tiempo” que en diciembre pasado había sido informada de que existía una orden para matarla por sus actividades en favor de los desplazados.
El abogado Mauricio Caballero, cercano a la líder, dijo a ‘El Tiempo’ que la mujer había pedido desde la semana pasada protección de forma urgente a la sección de la Fiscalía General en Montería, pero sin ningún éxito.
“Yolanda era la que los alentaba a todos para que reclamaran sus tierras”, reconoció Caballero, quien actúa en nombre de 863 víctimas de las AUC para efectos del proceso legal de reparación por parte de la organización paramilitar.