La Universidad de Puerto Rico (UPR) suspendió sumariamente a 6 estudiantes por su participación en las protestas contra la privatización del Teatro de esa institución. La UPR es la Universidad del estado y sus administradores pretendían entregar el Teatro, remodelado a un costo de mas de 20 millones de dólares en fondos públicos, a la empresa privada.

El Teatro iba a ser inaugurado con una presentación de Joan Manuel Serrat pero las protestas obligaron a los productores a trasladar el espectáculo a otra sala fuera del recinto universitario. Mas adelante, el 16 de septiembre, se intento hacer la reapertura con un concierto donde solo asistiría una "selecta" lista de invitados compuesta por los mas acaudalados personajes del país y altos funcionarios gubernamentales. Los estudiantes protestaron construyendo una enorme alfombra humana y los invitados no pudieron entrar al Teatro. Entre los que vieron frustrado el acceso a la facilidad estuvo el gobernador de Puerto Rico Aníbal Acevedo Vilá, banqueros, ejecutivos de seguros, industriales y toda la "crema" de la clase burguesa en el poder.

Producto de esta protesta, el gobernador ordenó a las autoridades universitarias que tomaran medidas contra los estudiantes. Se supone que la Universidad de Puerto Rico sea autónoma y el gobierno no intervenga en sus determinaciones. Representantes de la clase burguesa reclamaron públicamente el mas enérgico castigo. La protesta que les impidió disfrutar gratuitamente de un concierto y una posterior degustación de vinos y quesos pagados con fondos públicos fue una gran ofensa para los representantes de los grandes intereses económicos del país.

La rectora del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico Gladys Escalona de Mota contrató a varios fiscales y un ex juez para que efectuaran unas vistas y determinaran si procedía suspender sumariamente a los estudiantes. El proceso, controlado en su totalidad por la administración, estaba diseñado para favorecer la posición de la rectora y el gobierno. Sin embargo, la representación de los estudiantes desbarató las "pruebas" que tenía la UPR contra los estudiantes y el juez a cargo del proceso Heriberto Sepúlveda no recomendó las suspensiones. Pero, a pesar de que quien examinó la prueba y escuchó los testimonios, el juez Sepúlveda, no recomendó las sanciones, la rectora del recinto universitario suspendió a los seis estudiantes.

Se sabe que la rectora Escalona de Mota fue sometida a presiones de la misma oficina del gobernador de Puerto Rico, de los empresarios que forman parte de la Junta de Síndicos que dirige la Universidad y de sectores de la burguesía.

Con este acto represivo la administración universitaria y el gobierno intentan descabezar al movimiento estudiantil contra la privatización del Teatro y de otras facilidades de la UPR. Dos de los suspendidos, Víctor Rodríguez Márquez y Hugo Delgado-Martí, son dirigentes de la Unión de Juventudes Socialistas (UJS) y del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST). Además fueron suspendidos los estudiantes Gabriel Méndez, Yaricel Rivera, Víctor Estrella y Gerardo Ferrao. Las suspensiones buscan detener la lucha de los estudiantes contra la privatización de la UPR.

Paradójicamente, la protesta por la que sancionan a los estudiantes tuvo un impacto tan grande en el país y en la Universidad que los administradores tuvieron que abrir vistas públicas sobre el tema de cómo se operará el Teatro. En esas vistas la comunidad universitaria rechazó contundentemente los planes privatizadores del gobierno y los jerarcas de la UPR. Sin esas protestas no se hubiera escuchado el sentir de estudiantes, profesores y trabajadores.

El liderato estudiantil ha expresado que la lucha por detener la entrega de la UPR a la golosa empresa privada no se detendrá independientemente del curso que tomen las suspensiones sumarias.

* El autor es miembro del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST)
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