Ollanta Humala Credito: Prensa Latina (PL)

Lima, 28 Nov. ABN.- El líder opositor peruano Ollanta Humala manifestó este martes sus sospechas de que el gobierno está detrás de una acusación judicial en su contra y se declaró objeto de persecución política por promover la transformación de su país.

El jefe del Partido Nacionalista acusó a la administración del presidente Alan García de empeñarse en destruir todo tipo de oposición, tras la decisión de un fiscal de acusarlo de ser autor intelectual o instigador del asalto a una estación policial en 2005, refirió Prensa Latina.

«Es una persecución política», dijo, a tiempo que aseguró que afrontará las acusaciones, sin eludirlas ni escapar, y que tiene la conciencia tranquila, pues la imputación es parte del costo «por tratar de cambiar el país».

El fiscal Silvio Crespo resolvió que Humala pase de testigo a inculpado, en un juicio por la toma armada de una estación policial en la surandina ciudad de Andahuaylas, en enero de 2005, que encabezó su hermano Antauro Humala y que tuvo un saldo de seis muertos.

Ollanta Humala exhortó a Antauro, preso por esa acción junto a 260 cadetes del Ejército participantes en el ataque, a que aclare sobre su supuesta participación, la cual niega.

El líder nacionalista rechaza haber participado en la acción, ejecutada cuando él estaba en Seúl, Surcorea, como agregado militar de la embajada de Perú allí.

Sin embargo, el fiscal Crespo sostiene que Ollanta Humala fue autor intelectual o instigador del asalto y cometió, por tanto, delito contra el orden constitucional o rebelión, en calidad de instigador o autor intelectual.

El magistrado sostiene, además, que Humala dio instrucciones a la distancia a los alzados, mientras el acusado admite haber hablado por teléfono con Antauro, para exhortarlo a una salida pacífica.

Al insistir en que el caso forma parte de la persecución en su contra, consideró curioso que, tras su ingreso a la actividad política, haya sido procesado -en un juicio vigente- por supuestas e improbadas violaciones de derechos humanos como oficial del Ejército.

Por su parte, el procurador de Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior, Jacobo Romero, sostuvo que la imputación a Humala se ajusta a la ley y a las facultades del Ministerio Público y negó que haya persecución contra el líder opositor.

El procurador y un congresista hostil a Humala pidieron en diciembre pasado al fiscal Crespo que acuse al dirigente opositor por haber supuestamente dirigido a distancia la toma de la estación policial de Andahuaylas en el Año Nuevo de 2005.

Entre los alegados indicios de culpabilidad del acusado, citó un manifiesto del PN escrito por Ollanta, que demanda la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo -uno de los objetivos de la acción de Andahuaylas- y llama a los reservistas a organizarse.

También refirió declaraciones de Antauro Humala, según las cuales su hermano era el beneficiario y autor intelectual de la operación.

El vocero del Partido Nacionalista, Carlos Tapia, dijo por su parte que tras la imputación está el intento de liquidar políticamente a Ollanta Humala, por haber puesto en peligro el status quo y los intereses de grupos económicos y mediáticos que influyen sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Según el portavoz, en el nuevo juicio, el ex candidato presidencial «desbaratará las acusaciones en su contra», como lo hizo en el primer proceso.