Sucre, 10 Nov. - La presentación, por grupos opositores, de un recurso legal contra el carácter originario de la Asamblea Constituyente de Bolivia intenta sabotear, este viernes, las deliberaciones de ese foro, a tres meses de su instalación.

La delegada de la agrupación Poder Democrático Social (Podemos), una de las firmantes del documento, Elianne Capobianco aseguró que el recurso tiene el carácter de «demanda por infracción al procedimiento de reformas a la Constitución Política del Estado», informó Prensa Latina.

Podemos, que ya ha fracasado en otros intentos de boicotear medidas gubernamentales, ahora cuestiona artículos referidos al carácter originario de la asamblea y a la modalidad de votación.

Capobianco manifestó que el reglamento general «no puede estar por encima de la Constitución» al señalar que el Movimiento al Socialismo (MAS), al aprobar esos dos artículos, se había tomado atribuciones «violando la norma legal».

Desde agosto pasado, un acuerdo político para declarar el carácter originario de la Asamblea Constituyente y, por tanto, reconocerla como poder supremo contó con el aval de casi todos los partidos y aisló a la oposición más radical.

Según explicó el presidente de la comisión encargada de la redacción del reglamento, Raúl Prada, del MAS, aquel entendimiento estuvo rodeado de fuertes contradicciones y, en su momento, virtualmente paralizó al importante foro.

Prada precisó, entonces, que el acuerdo tenía 197 adherentes, más de los dos tercios requeridos para su aprobación por el plenario, integrado por 255 asambleístas.

Indicó que esa decisión había sido plasmada en un texto que proclama que la asamblea «es originaria, porque radica en la voluntad de cambio del pueblo, como titular de la soberanía de la nación».

Tras establecer que la Constituyente se origina en las luchas sociales y en la crisis del Estado y es la máxima expresión de la democracia, «por encima del poder constituido», el texto le reconoce el mandato de transformar y construir un nuevo Estado boliviano.

Al margen del entendimiento, sólo se mantuvo el principal y más recalcitrante grupo opositor, Podemos, del ex presidente Jorge Quiroga, heredero político del antiguo dictador Hugo Banzer, ya fallecido.

Quiroga y su partido se aislaron de las negociaciones y pretendían que la Constituyente fuera solamente derivada y carente de más poderes que los de reformar la Carta Magna existente.

En ese afán, lanzaron una campaña según la cual el Gobierno y el MAS, que tiene mayoría absoluta sin llegar a dos tercios, se proponían declarar unilateralmente originaria a la asamblea.

De esa manera, según el ex gobernante, el Ejecutivo daría un «autogolpe» de Estado con el cierre del Congreso y los tribunales, lo que fue calificado de «cómico» por el presidente, Evo Morales, al tiempo de recordar las raíces dictatoriales de Quiroga y Podemos.

El acuerdo establece que la asamblea no podrá tocar ninguna autoridad ni poder del Estado vigentes, hasta que el pueblo, en un referendo ratificatorio ya previsto, apruebe la nueva Carta Magna.

Los reveses de Podemos se suman al fracaso de su ofensiva contra el Gobierno, que apunta, incluso, a revertir la nacionalización de los hidrocarburos en favor de las transnacionales y que concitó amplio rechazo político y social.

Según analistas, las recientes posturas de Podemos son contradictorias, entre ellas la solicitud de que exoneren a su líder, el ex mandatario Jorge Quiroga, de un juicio de responsabilidades por malos manejos de contratos petroleros durante su gestión.