Caracas, 22 Oct. ABN.- La fiscalía colombiana admitió este domingo que carece de pruebas para atribuir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) el atentado ocurrido el pasado jueves en la Escuela de Guerra en la capital de esta nación suramericana, según refirió el diario El País.

El fiscal general, Mario Iguarán, en contraposición a las declaraciones del presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, expresó en rueda de prensa que no existen 'evidencias' que permitan hacer imputaciones con respecto a la autoría del atentado.

El pasado jueves explotó un carro-bomba en un estacionamiento de la Escuela de Guerra de la Universidad Militar de Bogotá, el cual dejó saldo de 23 personas heridas, hecho que inmediatamente fue atribuido a las Farc por el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos.

Iguarán señaló que «la Fiscalía no puede proceder a hacer imputaciones ni ir ante los jueces sin estar en capacidad de hablar de una causa probable».

«La Fiscalía debe ser esmerada, exigente y prudente en la recolección de las pruebas», añadió el fiscal general.

El presidente Uribe también había culpado a las Farc por el atentado, por lo que tomó la decisión de cancelar el proceso de canje humanitario que se estaba gestando entre el gobierno colombiano y la organización insurgente.

Este proceso de canje preveía la liberación de 38 militares, 21 políticos y tres ciudadanos estadounidenses en poder de la agrupación guerrillera a cambio de casi 500 insurgentes presos acusados de diversos delitos.

Uribe, al cancelar el canje humanitario, además ordenó el pasado viernes la militarización de Bogotá, al tiempo que anunció un gran operativo militar como única vía para liberar a los rehenes en poder de las Farc.

La justicia colombiana investiga a seis oficiales del Ejército acusados de realizar supuestos montajes de atentados un día antes de la segunda toma de posesión de Uribe, el pasado 7 de agosto, ataques que en principio fueron atribuidos a la guerrilla.

Familiares de los rehenes en poder de la agrupación rebelde consideran que la medida anunciada por el Ejecutivo colombiano significa la sentencia de muerte para estos cautivos.

Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada por las Farc en febrero de 2002, dijo que la decisión del presidente Álvaro Uribe es «una condena a muerte».

«Esto es condenar a muerte a los secuestrados», declaró Pulecio, quien acusó a Uribe de «romper el compromiso de Estado» que, afirmó, había asumido con Francia, España y Suiza, países que venían desarrollando una tarea de facilitación para alcanzar el canje.

Por su parte, la vocera de la asociación de los militares y policías secuestrados, Marleny Orjuela, dijo: «No aceptamos el rescate a sangre y fuego de nuestros hijos y familiares, porque eso es igual a la muerte».