Las manifestaciones contra Saca y Calderón fueron expresadas en un comunicado que entregaron ayer a la prensa antes de que iniciara la cumbre extraordinaria de presidentes de Centroamérica para tratar asuntos de seguridad regional.

Decenas de representantes del COPINH llegaron hasta las cercanías del Club Campestre, unos 30 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde se celebra la cumbre bajo rigurosas medidas de seguridad impuestas por la Policía y el Ejército de Honduras.

En su manifiesto, el COPINH expresó su “enérgica protesta” por el interés de El Salvador y Honduras por impulsar la represa El Tigre, en la frontera común de ambos países.

La construcción de esa obra “terminaría con poblaciones enteras en los municipios de San Antonio, Mapulaca, Piraera, Santa Lucía, Virginia y la Virtud, en Honduras, y otras en El Salvador, desplazando a más de 20.000 personas que perderían sus viviendas, su cultura, sus tierras, sus formas de vida y sus tejidos sociales”.

“Por tanto, declaramos persona non grata al impulsor del proyecto, el señor Elías Antonio Saca”, subraya la declaración.

El COPINH también expresó que repudian la presencia de Felipe Calderón “puesto que su designación como presidente de México es producto del vergonzoso fraude electoral”.

Los pueblos de Centroamérica, México, la República Dominicana y Colombia, según el COPINH, viven la inseguridad más grotesca, producto de la implantación del sistema neoliberal que impulsan el Tratado de Libre Comercio (con EE.UU.) y el Plan Puebla Panamá (con México).

Esos acuerdos, subrayan los indígenas hondureños, se traducen “en la pérdida de la seguridad alimentaría, del empleo, de los derechos, laborales, territoriales y del derecho a un medio ambiente sano".

Además, los tratados, “traen su componente de militarización” por parte de Estados Unidos en la región.

El COPINH señaló que rechaza, además, las políticas de represión de los Estados como promover “escuadrones de la muerte” y el para-militarismo.

También condenó el asesinato, el 25 de septiembre pasado, del sacerdote diocesano Ricardo Romero, quien pertenecía a la parroquia de Sonsonate, El Salvador, lo mismo que la persecución en Honduras contra activistas de derechos humanos y las amenazas de muerte al obispo Luis Alfonso Santos, que se opone a la explotación minera.

Los gobiernos centroamericanos deben “garantizar la seguridad con salud, educación, vivienda, el derecho a la tierra y la participación ciudadana”, y “propiciando condiciones para una vida digna y justa para todos y todas”, señala entre otras cosas el manifiesto del COPINH.