La compañía PETROBRAS está operando el Bloque 18 y el Campo adyacente
Palo Azul en forma ilegal y provocando millonarios perjuicios
económicos al Estado, al haber comprado hace más de 2 años las acciones
de PECOM ENERGIA, equivalentes al 70% de derechos en el Bloque 18, sin
autorización del Ministerio de Energía y Minas, y más grave aún, al
haber firmado un CONVENIO de venta del 40% de participación a la
compañía japonesa TEIKOKU OIL, sin tener ningún derecho contractual
sobre las citadas áreas petroleras, denunció Eduardo Delgado, vocero de
la organización Ecuador Decide, quien junto a varios sectores sociales,
presentaron a las autoridades de Energía y PETROECUADOR una demanda de
caducidad del contrato con base a los Arts. 74 y 79 de la Ley de
Hidrocarburos.

La venta de acciones de PECOM (PEREZ COMPANC) a PETROBRAS sin
autorización Ministerial, la consiguiente extinción de la primera y el
no reconocimiento oficial del Estado Ecuatoriano a PETROBRAS como
contratista, ha generado otra ilegalidad grave en la operación del
Bloque y del Campo Palo Azul: la ausencia de garantía de fiel
cumplimiento del contrato, toda vez que la misma sigue a nombre de
PECOM ENERGIA una empresa ya desaparecida, situación que ha dejado sin
garantía la operación petrolera, constituyendo causal de caducidad
contractual, según el Art. 74, numeral 2 de la Ley de Hidrocarburos.

Entre tanto el ex Diputado y ex dirigente de PETROECUADOR, Henry
Llanes, acusó a PETROBRAS y a sus socias ECUADORTLC, CAYMAN y
PETROMANABI, esta última compañía de los prófugos hermanos Isaías
Dasum, de haberse apropiado ilegalmente de más de 85 millones de
barriles de reservas de crudo del Bloque 18 y del Campo Palo Azul
propiedad de PETROECUADOR y de traficar y negociar con un bien público,
en forma perversa millonarias ganancias en las bolsas de valores,
mientras el 80% de ecuatorianos es sometido a humillantes condiciones
económicas de vida.

El hecho pudo consumarse, según Eduardo Delgado por la acción
confabulada desde 1997, entre una mafia de ex funcionarios y
funcionarios de PETROECUADOR, que hoy incluso ocupan altos cargos
administrativos en la empresa estatal y en el Ministerio de Energía,
quienes en complicidad con las compañías privadas, alteraron
información técnica, violaron la Ley, los Reglamentos y el Contrato,
para adjudicar el campo Palo Azul, bajo la figura de UNIFICADO,
realidad que hasta hoy no se ha verificado, de acuerdo a los informes
de la Contraloría y de la Comisión Anticorrupción, que en el caso de la
CCCC demandó incluso la caducidad del contrato del Bloque 18.

La demanda de caducidad se justifica, según el ex Presidente de
PETROECUADOR Ing. Guillermo Rosero, porque el Bloque 18 por si solo no
es comercial, pues cuenta apenas con 3 millones de barriles de reservas
y una producción máxima de 280 barriles día (US$ 15 mil diarios),
mientras que las reservas probadas del campo Palo Azul de PETROECUADOR
son superiores a los 85 millones de barriles, con una producción actual
de 33 mil barriles día (US$ 1.8 millones diarios). Rosero, revela un
informe económico de julio de 2006 de PETROECUADOR, en el cual se
señala la altísima rentabilidad del campo con una Tasa Interna de
Retorno actual del 77%, más del doble del TIR previsto en el Convenio
que era del 13%. Al no contener reservas comerciales, de acuerdo al
Art. 24 de la Ley de Hidrocarburos, el bloque debió ser revertido al
Estado, no fue así, por el contrario, le adjudicaron un campo
adyacente, altamente rentable para beneficiar al consorcio contratista
PETROBRAS (ECUADORTLC-CAYMAN-PETROMANABI), enfatizo.

Los demandantes, agregan que la ex Ministra de Energía (e) Samia
Peñaherrera Sohlá, aprobó el Plan de Desarrollo del Campo Palo Azul, un
mes después de haber vencido el período de exploración del bloque
(septiembre de 2002), cuando la Ley y los Reglamentos señalan que dicho
Plan deberá ser presentado a aprobación ministerial hasta 90 días antes
del vencimiento del período de exploración, que en el caso del bloque
18 era del 5 de agosto de 2002, todo para beneficiar a la compañías
PECOM ENERGIA, ahora PETROBRAS, representadas por Gonzalo González
Galarza, Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Quito, socio
principal de Blasco Peñaherrera Padilla, en el bufete de abogados
González &Peñaherrera.

Eduardo Delgado Pidió al Presidente de la República, al Ministro de
Energía y al Presidente de PETROECUADOR remover de sus cargos a todos
aquellos funcionarios implicados en el caso, como: Francisco Silva,
Vicepresidente de PETROPRODUCCION, quien emitiera un informe para fijar
la participación en la producción del campo Palo Azul, 50% para el
Estado, cuando el campo es un 100% de PETROECUADOR; Stalin Salgado,
Director Nacional de Hidrocarburos, quien en un pronunciamiento en
calidad de Presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros, apoyó la
adjudicación del campo Palo Azul; Galo Román, Miembro del Consejo de
Administración de PETROECUADOR, por haber suscrito, junto a Galo Balda,
un informe recomendando trasladar en forma definitiva las XX del bloque
18 al campo Palo Azul, es decir una participación de 80% para la
compañía y 20% para el Estado, lo cual de aplicarse habría ahondado el
perjuicio al país.

Ecuador Decide y las demás organizaciones y ciudadanos suscriptores de
la demanda, solicitan a la Fiscalía una investigación a fin de
sancionar a los responsables de este nuevo ilícito en contra de los
bienes públicos, entre los principales responsables figuran: los ex
Ministros de Energía Pablo Terán, Samia Peñaherrera, Carlos Arboleda,
Eduardo López, los ex Presidentes de PETROECUADOR, Rodolfo Barniol,
Gustavo Gutiérrez, los miembros del Consejo de Administración de esa
época: Francisco Romero Marínez y Francisco Rendón, Jorge Trujillo, los
ex Vicepresidentes de PETROPRODUCCION, Rosendo Santos, Galo Balda,
Carlos Quiroz, el actual Procurador de PETROECUADOR Jaime Pinos, el ex
Coordinador de la UCP, Miguel Montalvo y decenas de funcionarios medios
de PETROECUADOR y del Ministerio de Energía, que suscribieron informes
alterando información técnica y violando las leyes y reglamentos.