La Paz, 22 sep (PL) Nuevas amenazas divisionistas y una denuncia gubernamental sobre la formación de grupos paramilitares mantienen hoy las tensiones políticas y sociales en Bolivia, tras lograr el gobierno el fin de los bloqueos viales.

La llamada Asamblea Provisional Autonómica del oriental departamento de Santa Cruz amenazó con redactar una nueva Carta Magna por su cuenta y con otras regiones, si la Asamblea Constituyente no acepta tomar decisiones solamente por dos tercios de votos.

La exigencia, impulsada por los partidos tradicionales en el foro, mantiene a este empantanado y contrasta con la posición de la mayoría de los asambleístas de viabilizar los debates con la fórmula de mayoría absoluta, dejando los dos tercios sólo para el texto final.

El presidente de la asamblea cruceña, Pablo Klinsky, dijo que los discrepantes convocarán su propia constituyente de no aceptarse su posición y aprobarse la otra fórmula, planteada por el gobernante y mayoritario Movimiento al Socialismo (MAS).

En el segundo caso, una asamblea paralela "se instalará junto a los departamentos con vocación democrática y autonomista, una verdadera Asamblea Constituyente originaria, plenipotenciaria y fundacional", sostuvo.

El movimiento regionalista cruceño, bajo hegemonía empresarial y conservadora, espera contar para ello con los prefectos (gobernadores) y dirigencias de los departamentos de Tarija, Beni y Pando.

El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, fue acusado por la ministra de Gobierno (Interior), Alicia Muñoz, de organizar un grupo de 100 paramilitares entrenados por policías separados de filas por corrupción, en ese territorio norteño.

Fernández negó veracidad a la denuncia, pero Muñoz dice tener fotografías y grabaciones de video probatorias, mientras el jefe de Seguridad Ciudadana de la Prefectura de Pando, Alberto Murakami, admitió el entrenamiento de civiles.

Murakami alegó que se trata de un centenar de vecinos adiestrados para cumplir labores de vigilancia, ante el auge de la delincuencia y el déficit de policías.

Muñoz hizo la denuncia como prueba de que los prefectos opositores -acusados por el presidente Evo Morales de conspirar para derrocarlo- no actúan legalmente, como aseguran, y advirtió que tomará medidas.

Entretanto, la Asamblea Constituyente, con sede en la sureña ciudad de Sucre, aplazó hasta la próxima semana el reinicio de sus sesiones, programado originalmente para ayer, debido a problemas logísticos, según información oficial.

Fuentes del foro indicaron que la postergación se debe a falta de consenso en torno a una fórmula para superar el impasse en torno al procedimiento de votación, tema en el cual el vicepresidente, Alvaro García, planteó una fórmula intermedia.

La propuesta consiste en que la Asamblea apruebe los artículos de la nueva Carta Magna por mayoría absoluta, pero aplique los dos tercios a los artículos sobre autonomías y regalías petroleras departamentales, así como sobre régimen de tierras.

El planteamiento prevé que, si no hubiera dos tercios para esos temas, las propuestas de la mayoría y la minoría serán sometidas a un referendo que, además, ratificará la nueva Carta Magna.

De otro lado, el vicepresidente García ratificó que las organizaciones sociales están decididas a usar la fuerza para defender el proceso de cambios, tras disculparse por haber llamado a los indígenas a prepararse para esa lucha, eventualmente armada.

García hizo la declaración tras lograr anoche el cese de un bloqueo de carreteras que aislaba a La Paz desde el jueves, a cargo de cooperativistas mineros aliados del gobierno que reclamaban diversas reivindicaciones.

Previamente el vicepresidente consiguió el cese de similares acciones por parte de campesinos e indígenas en Santa Cruz, contra las presiones conservadoras sobre la Constituyente.