Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40”

Bogotá.- Un influyente jefe de los paramilitares de ultraderecha de Colombia se entregó hoy ante la comisión de paz del Congreso para ser recluido y cumplir con los acuerdos de un proceso de negociación que calificó de “débil, imperfecto e irresponsable ” .

La presidenta del Senado, Dilian Francisca Toro, dijo que la entrega de Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40”, se produjo en el departamento del Cesar y que fue confinado en un cuartel de la policía de la ciudad de Valledupar, al norte del país.

Tovar, quien según fuentes judiciales está acusado de masacres, asesinatos y de estar implicado en un fallido complot contra el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, era uno de los pocos jefes paramilitares que continuaba libre y en la clandestinidad.

“El interés de paz de las gentes de la región que defendí está por encima de mis propios intereses y así la incertidumbre que hoy tengo por la imperfección de un proceso de paz muy débil (...), no seré un obstáculo en la paz de Colombia” , dijo Tovar en un correo electrónico enviado a Reuters.

El líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) , que controló una extensa región del norte del país en donde combatió a la guerrilla izquierdista, dijo que acudió a la mediación del Congreso “ante la violación sistemática de los acuerdos por parte del alto comisionado de paz”.

“Es necesario la participación de garantes externos al ejecutivo que sirvan de facilitadores para que se respeten los acuerdos que conlleven a una paz duradera y no a la incertidumbre en que permanece Colombia aún después de nuestra desmovilización por la fragilidad del proceso”, agregó.

Amenaza de reaparición

Actualmente 25 jefes paramilitares, acusados de masacrar a miles de civiles en medio de su lucha contra la guerrilla, permanecen recluidos en un lugar acondicionado por el Gobierno cerca al pueblo de La Ceja, en el departamento de Antioquia.

La negociación de paz entre el Gobierno y las AUC, criticada por grupos de derechos humanos y Naciones Unidas, ha permitido que más de 30.000 combatientes de esos escuadrones depongan las armas y se reintegren a la vida civil.

Una ley aprobada por el Congreso establece que los jefes paramilitares acusados de delitos contra la humanidad como asesinatos, masacres, secuestros, desapariciones y torturas paguen entre cinco y ocho años de cárcel.

Los grupos de derechos humanos cuestionan la baja pena y aseguran que la ley no obliga a los paramilitares a desmontar sus estructuras criminales ni a indemnizar a sus víctimas.