Ollanta Humala

LIMA 01 sept. - El ex candidato presidencial y líder opositor Ollanta Humala se declaró este viernes víctima de una persecución política del gobierno de Alan García, tras ser acusado por la justicia peruana de delitos de lesa humanidad, y aunque se declaró inocente, dijo que enfrentará el proceso.

"Esto es una persecución política, no me queda la menor duda, he sido un soldado que he defendido a mi país con honor y siento ahora que por cuestiones políticas no sólo se me quiere destruir, sino que esto es el inicio para destruir a las fuerzas armadas", dijo en rueda de prensa.

Humala, quien fue un teniente coronel del ejército, subrayó que participó en la década pasada en el combate contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso pero que no cometió los delitos que se le imputan.

"He participado en la guerra, pero no soy violador de derechos humanos y voy a afrontar con honestidad mi proceso, voy a defender mi inocencia, pero alerto que esto es parte de una campaña política", enfatizó.

Humala dijo que el proceso iniciado en su contra por la jueza Miluska Cano marca el "inicio formal" de la campaña política hacia las elecciones municipales y regionales del 19 de noviembre.

"Estas son las reglas de juego que nos dicta ahora el gobierno de Alan García para las elecciones, en que estaré enjuiciado y en cualquier momento detenido", dijo al agregar que probablemente los candidatos del Partido Nacionalista, fundado por él, serán impugnados "porque la idea -añadió- es destruir al nacionalismo".

La magistrada Cano abrió proceso a Humala por presuntos delitos de asesinato, desaparición forzada de personas y lesiones graves cuando Humala dirigió una base militar en la localidad de Madre Mía, en la región amazónica central de Perú.

El líder nacionalista remarcó que hay un afán marcado de parte "del sistema de aniquilar cualquier proyecto de oposición que ponga en peligro el modelo económico neoliberal que implementa el actual gobierno", al hacer notar que no se quiere entender que un sistema democrático requiere de contrapesos.

Rodeado y respaldado por todos los legisladores de su partido, Humala dijo que el país no quiere entender que durante dos décadas el Perú se convirtió en un campo de batalla en una cruenta guerra y lamentó que muchos militares que enfrentaron a la subversión ahora están siendo enjuiciados.

Con un tono de desilusión confesó que parece que defendió a un "Estado perromuertero (que engaña), que estafó a la gente y con políticos que engañaron a la gente".

La magistrada Cano ordenó a Humala la prohibición de salir del país, el embargo preventivo de sus bienes y el pago de un depósito judicial de garantía por 20.000 nuevos soles (unos USD 5.000).

La jueza negó influencias del gobierno: "Quiero negar tajantemente que en este caso y otros exista injerencia política: no hay ninguna injerencia, ni presiones de ningún tipo".

Cano aseveró a la emisora CPN que existen testimonios directos e indirectos, así como un conjunto de elementos "suficientes" para abrir proceso, aclarando que no se requiere de "pruebas de culpabilidad plena", sino indicios que deben ser investigados para determinar la culpabilidad o no del procesado.

Humala, de ser encontrado culpable, enfrenta una condena de hasta 15 años de cárcel.

Los temores sobre una injerencia política del gobierno se fundamentan en que la magistrada Cano en diciembre liberó de toda responsabilidad al presidente García de una acusación de encubrimiento de una matanza de más de 100 campesinos, perpetrada por militares, en la localidad surandina de Cayara en su primer gobierno (1985-1990), anotó Carlos Escobar, abogado de Humala.

Cano admitió que vio un caso de encubrimiento contra García pero que en esa ocasión no encontró elementos de juicio para inculparlo.