Washington, agosto 19 - Los diputados Paulo Teixeira, Wadih Damous y Paulo Pimenta del Partido de los Trabajadores (PT) hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la suspensión del proceso de destitución que se lleva a cabo contra Dilma Rousseff. Los legisladores denunciaron que no hay delito imputable y que, en realidad, se trata de un golpe de Estado.

Si bien todavía la corte dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) no se ha pronunciado, sí solicitó al gobierno interino de Michel Temer un informe al respecto.

Puntualmente se exige que Brasilia "presente explicaciones y argumentos sobre la naturaleza del proceso". Desde la Cancillería conducida por José Serra, se informó que están elaborando una respuesta y que el plazo para presentarla es de siete días.

"No hay ni siquiera un proceso penal, no hay ley que defina esa conducta como crimen, además de todas las infracciones legislativas en el proceso", dijo Teixeira en su defensa de la mandataria suspendida.

Cabe recordar que la jefa de Estado fue suspendida -y busca ser destituida definitivamente- de su cargo bajo el argumento de haber tergiversado el déficit fiscal del año 2014. El caso se fundamenta en una resolución del Tribunal de Cuentas de Brasil, que no aprobó el presupuesto que el Ejecutivo presentó para ese ejercicio.

"El Estado brasileño gastó más de lo que tenía presupuestado" y decidió emplear "un mecanismo conocido como 'pedalada fiscal', que implica endeudarse con bancos para financiar" ese dispendio adicional, explicó el economista de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Wahren. Sin embargo este mecanismo ha sido utilizado previamente por políticos de todos los partidos de Brasil, sin llegar en ningún caso a un proceso de destitución.

A diferencia de lo que se ha construido mediáticamente, Rousseff no está acusada ni involucrada en casos de corrupción.

Contra el "blindaje institucional"

El periodista radicado en San Pablo, Gerardo Gamarra, explicó en diálogo con RT que "de cara a las instancias definitivas del proceso de impeachment contra la presidenta electa Dilma Russeff", que se desarrollara a partir del 25 de agosto en el Senado, "el pedido de revisión de la causa ante la CIDH, refleja dos aspectos de importancia en lo que hace a los procesos institucionales".

Por un lado, queda de manifiesto "la clara intención de respetar y mantener los procesos democráticos hasta en nivel internacional" como prueba "el accionar de los diputados del PT", apuntó Gamarra. Por otra parte, añadió, se observa "el mismo agotamiento de recursos legales dentro de Brasil" a la vez que, el hecho de que "la propia CIDH haga lugar al pedido y reclame explicaciones al gobierno ilegitimo de Temer, dan cuenta del blindaje institucional que montó la derecha golpista con acusaciones hacia Russeff", que "ni siquiera" están entendidas "como delitos en el código penal brasilero".

En paralelo a esta acción ante la CIDH -que de todas formas aun no ha emitido un fallo- en Brasil se siguen llevando a cabo iniciativas para denunciar e intentar detener el golpe de Estado. Rousseff y gran parte del PT apuntan a la realización de elecciones anticipadas mientras que en las calles se siguen sucediendo manifestaciones contra el gobierno de Temer y llamando a restituir el gobierno democrático.