China: Pekín lanza ofensiva contra líderes que luchan por los derechos de los trabajadores

Protesta de trabajadores chinos  frente a la sede del Gobierno local en Qinian (Hebei)

Protesta de trabajadores chinos frente a la sede del Gobierno local en Qinian (Hebei)

Credito: Reuters

06-02-16.-Si en la primavera arremetieron contra las feministas y en verano contra los abogados de derechos humanos, este invierno le ha llegado el turno al pujante movimiento obrero. En la China comunista, siete de los más destacados defensores de los derechos de los trabajadores fueron arrestados hace dos meses, para muchos el último ataque contra la sociedad civil y contra aquellos que osan discrepar de las autoridades. A día de hoy, dos de ellos aún permanecen encarcelados.

Se trata de Zeng Feiyan y He Xiaobo, líderes de dos conocidas ONG dedicadas a ayudar a los asalariados, quienes hace tres semanas fueron acusados formalmente de "alterar el orden público" y "malversar fondos" y se enfrentan a una posible condena de hasta siete años de prisión. El resto de sus compañeros han sido liberados bajo fíanza a lo largo de estas semanas, y todos ellos denuncian la campaña difamatoria -escándalos sexuales incluidos- a la que se les está sometiendo desde los medios controlados por el Gobierno.

"Durante los últimos años, los trabajadores chinos se han vuelto más conscientes de sus derechos y están más dispuestos a luchar por ellos, en parte gracias al apoyo legal de ONG como las que empleaban a los arrestados", ha dicho a este diario Yaxue Cao, fundadora de la web Chinachange.org. "Temen que las masas insatisfechas se vuelvan contra ellos, por eso los detienen".

La economía del gigante asiático atraviesa momentos difíciles, y con el cierre de fábricas y obras y el aumento de los despidos, muchos obreros están viviendo su particular fin del sueño chino. Es el caso de las decenas de miles de personas que hace años emigraron de las pobres zonas rurales del interior a centros industriales como el de Guangdong, conocido como la fábrica del mundo. Desde que comenzó la crisis, son muchos los que de un día para otro se han quedado sin trabajo y han visto sus derechos vulnerados, una situación que ha ocasionado un auge de la conflictividad laboral.

Según un informe de China Labor Bulletin (CLB), grupo hongkonés que contabiliza huelgas y protestas, en 2015 hubo 2.741 incidentes, una cifra que iguala a la suma de los registrados en los cuatro años anteriores. "No sólo son los cierres y los atrasos en los pagos", dijo a este diario Geoffrey Crothall, director de CLB. "Los gobiernos locales no han implementado las normativas laborales y los empleadores no respetan los derechos de sus trabajadores".

Por ello, cuando hay un problema, los obreros no tienen cauces legales para dirimir el conflicto y se ven forzados a emprender acciones colectivas al margen de la ley para reclamar sus derechos.

Las ONG ahora atacadas les ayudaban a elegir a sus representantes, formular sus demandas y evitar la violencia, logrando en alguna ocasión parte de sus reivindicaciones. Sin embargo, la mayoría de las veces, los empleadores y las autoridades recurren a una policía que se limita a reprimir y detener a los líderes de los trabajadores.

En China, los empleados no han tenido nunca el derecho de crear o formar parte de un sindicato de su elección. En todo el país sólo existe legalmente uno, la Federación Nacional de Sindicatos, una organización auspiciada por el Partido Comunista y cuyos líderes son elegidos por Pekín, por lo que "sirve a los intereses de las autoridades, no a los de los trabajadores", según Crothall. Pese a que hace años sí que se reconocía en la ley, ahora tampoco existe derecho de huelga.

Por cosas así, y pese a que las condiciones en los puestos de trabajo y los salarios han mejorado mucho con el paso de los años, un informe de 2015 de la Confederación Sindical Internacional de Bruselas calificaba a China como uno de los peores países del mundo para trabajar, citando casos de ataques y amenazas contra los obreros que participan en una huelga o la toma de represalias a posteriori. "Los abusos a gran escala se explican por el hecho de que no hay un reconocimiento explícito del derecho a la huelga. Por lo tanto, a menudo son tratadas como problemas de seguridad pública", reza el texto.

Para el Ejecutivo chino, el frenazo económico y el aumento de la conflictividad laboral supone todo un desafío, y ante el temor de que esto pueda socavar su autoridad de alguna manera, han optado por la vía expeditiva para poner freno a la creciente insatisfacción social.

Pero para Cao, esta solución no va a servir para acabar con los problemas. "El Gobierno cree que enjaulando a estos líderes del movimiento obrero nadie más osará desafiarles, una opción muy hipócrita teniendo en cuenta que el Partido Comunista se reivindica a sí mismo como la 'vanguardia de la clase trabajadora'. Así solamente aceleran su propia caída", añadió.

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