14 sept. 2015 - El manejo informativo, político y diplomático que Colombia le viene dando a las acciones de Venezuela contra el contrabando en la frontera, indica que existe un plan de montaje de un "falso positivo" contra el Gobierno venezolano, según se puede concluir al evaluar el abordaje de varios de los hechos registrados.
Los llamados "falsos positivos" consisten en asesinar a un grupo de personas inocentes para que el ejército, fuerzas militares o el gobierno las muestren como "positivos en la guerra contra los terroris- tas" (en este caso los miembros de las FARC), explica Santiago Castañeda en su blog santicribon.blogspot.com.
Esta práctica tuvo un auge entre el año 2000 y 2010, fundamentalmente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y fue practicado por "los miembros del ejército nacional con el fin de presentar algunos resultados por parte de los escuadrones de combate".
En el caso concreto de las actuaciones de Venezuela en la frontera con el Departamento Norte de Santander, desde el primer momento se intentó mostrar como delictivo el plan presentado y ordenado por el jefe de Estado venezolano el viernes 21 de agosto pa- sado.
Además se ha intentado desviar la atención de los temas medulares, como son el enorme contrabando de combustibles y alimentos, y la violencia paramilitar, para colocar acontecimientos aislados, exhibidos en forma emblemática como si fueran el eje de la operación.
En estos hechos la perspectiva es absolutamente maniquea, donde la Fuerza Armada es caracterizada deliberadamente como el victimario, mientras los ciudadanos co- lombianos son las víctimas indudables, seleccionadas con criterio "genocida" por su simple origen nacional.
Una revisión cronológica de las operaciones permite identificar los sucesos y datos que se han intentado usar para el montaje del "mayor falso positivo" de la historia de Colombia, en este caso contra toda una nación, como lo ha definido la periodista Érika Ortega Sanoja.
1.- El cierre fue motivado por un conflicto entre facciones delictivas dentro de la FANB. Un primer intento de criminalizar la decisión misma de proteger la frontera fue divulgar la hipótesis de que el ataque contra una unidad del Ejército, ocurrido el 19 de agosto en un área limítrofe de San Antonio del Táchira, había estado motivado por una disputa entre grupos de militares dedicados al contrabando. La tesis impulsada desde medios como el diario Miami Herald pretendía "asesinar" moral-mente a los oficiales heridos y deslegitimar cualquier actuación para recuperar el control y la paz en la frontera.
2.- Se realizaron deportaciones masivas. La repatriación de ciudadanos colombianos presentes irregularmente en territorio venezolano se calificó de inmediato como "masiva", y hasta esta semana se le venía denominando con ese adjetivo. Lo cierto es que según el propio Gobierno colombiano, el número de "deportados" (para Venezuela repatriados) había sido de 877 según Carlos Iván Márquez, director general de Gestión de Riesgo. El resto, poco más de 10 mil, había regresado voluntariamente, puesto que las restricciones en el límite fronterizo les impedía continuar con las actividades vinculadas con el contrabando y el delito en general.
3.- No se permite el paso de enfermos y escolares. Desde las primeras horas del cierre los medios comenzaron a informar que el Gobierno venezolano no permitía el paso de personas enfermas que de- bían acudir a centros de salud en territorio del país vecino. Sin embargo, los hechos indicaban que desde el inicio del cierre se había establecido un "corredor humanitario" con ese propósito, según el informe de Telesur en su portal web. Posteriormente el gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, explicó que se habían establecido pasos especiales para escolares, trabajadores y médicos que deben ir a Colombia a ofrecer servicio asistencial.
4.- No se permite el paso de enseres de los repatriados. Mientras se acusaba a Venezuela de no permitir el traslado de los enseres de los repatriados, en los medios se podía observar cómo eran movilizados artefactos electrodomésticos de la marca Haier, que es comercializada en exclusiva por el Estado en el contexto de un programa para equipamiento hogareño a precios muy bajos y al cual tuvieron acceso los mismos ciudadanos colombianos que volvían a su país.
5.- Fueron demolidas las viviendas de los repatriados. La matriz de información en torno a la demolición de algunas de las viviendas de la comunidad informal conocida como "La Invasión" se utilizó reite-radamente por Colombia y sus medios. Pero nada dijeron sobre la existencia de inmuebles destinados a actividades de prostitución, inmiscuyendo a niñas y adolescentes, así como la de unidades con habitáculos para mantener personas secuestradas. Esas resultaron ser las "viviendas" derribadas.
6.- La omisión del contrabando en la agenda pública. Un hecho fundamental en la producción del "falso positivo" ha sido la desaparición del tema del contrabando en los medios y en el debate. La idea es descontextualizar la repatriación de los ciudadanos colombianos y mostrar como arbitraria e inmotivada la actuación de la Fuerza Armada.
7.- ¿Quién genera la crisis humanitaria? Mientras los voceros del poder político de Colombia desarrollan un discurso en torno a una supuesta "crisis humanitaria", que atribuyen a las acciones de defensa de la soberanía por parte de Venezuela, olvidan que ha sido su modelo de apropiación de los recursos naturales y del trabajo ajeno el que ha generado un verdadero drama social. Cúcuta y sus alrededores es la región más empobrecida de Colombia, con las mayores tasas de desempleo e informalidad.
Además cuenta con la población porcentualmente más afectada por el conflicto interno: casi el 20% está registrado como víctima.
8.- La ofensiva diplomática. En cuestión de días la Cancillería colombiana diseñó y puso en marcha un programa para involucrar a los organismos internacionales de derechos humanos y las embajadas en la fabricación del "falso positi- vo". El presidente Santos realizó un consejo de ministros extraordinario con la participación de algunos embajadores, el secretario general de la OEA visitó la frontera, mientras que la canciller viajó y contactó al príncipe jordano que actualmente es el Alto Comisionado de DDHH de la ONU. El mismo que es amigo personal de Diego Arria se reunió con Lilian Tintori, y comparte posturas conceptuales con la embajadora gringa en la ONU, Samantha Power.
9.- Las verdaderas preocupaciones de la clase dominante de Cúcuta. Por supuesto, a la burguesía local no le interesa realmente lo que pase con los repatriados. Lo que les preocupa o molesta es la posibilidad de que esos desplazados se conviertan en sus vecinos y se instalen en los terrenos urbanos destinados a centros comerciales y depósitos de la zona libre que quieren desarrollar como parte de los acuerdos de libre comercio con EEUU. Ya los repatriados y los desplazados locales comenzaron a buscar espacios para sus viviendas.
10.- Juicio a Venezuela por violar DDHH. Colombia sabe que, además de absurda, es remota la posibilidad de que Venezuela sea acusada ante un organismo internacional de DDHH. Hasta su canciller lo reconoció en una entrevista publicada el pasado sábado 5 de septiembre por el diario El Tiempo. Sin embargo, mantendrán y continuarán promoviendo públicamente esa opción con el fin de descalifi- car en lo político y en lo moral la acción defensiva de la República. Bastante sabe la dirigencia colombiano de asesinatos y condenas.