30 de Julio.- A pesar de que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla reconoció que la deuda pública de 73 mil millones de dólares de la isla es impagable, la nación caribeña, al ser un "Estado libre asociado" de Estados Unidos no puede declararse en bancarrota, de acuerdo con lo establecido en la legislación federal estadounidense.
"No hay otra opción. Quisiera tener una opción más fácil. Pero esto no es política, es matemática", expresó el gobernador boricua en una entrevista concedida al diario The New York Times, publicada el pasado 26 de julio.
Para enfrentar esta crisis y tratar de proteger a los 3,5 millones de habitantes, el gobierno local solicita acogerse a la ley de bancarrota norteamericana, y así poder negociar mejor con sus acreedores, que en su mayoría son empresas norteamericanas que compraron papeles de deuda.
Esta acción fue adoptada dos años atrás por la ciudad de Detroit (Michigan), con la finalidad de reestructurar su deuda, y reducir las altas tasas de desempleo y el bajo crecimiento económico. Sin embargo, por tratarse de un "Estado libre asociado" a Estados Unidos, Puerto Rico no puede acogerse a la Ley de bancarrota norteamericana como el resto de los 50 estados del país.
Como colonia estadounidense, la isla no cuenta con autonomía en política financiera, y adicionalmente fue excluido del Capítulo 9, por lo que su Gobierno no tiene potestad para autorizar a sus corporaciones públicas a solicitar la protección provista por la ley federal.
Ante esta situación, el Gobierno boricua aprobó en 2014 la denominada ley de quiebra criolla, que pretendía establecer un mecanismo propio de bancarrota y hacer viable la quiebra de las empresas públicas de la isla. Pero este instrumento legal fue declarado inconstitucional el pasado 6 de julio, por un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de Boston (Masachusets).
"Puerto Rico no es una ciudad estadounidense como Detroit, ni es un país soberano como Grecia. Así que es la primera vez que un Estado no se puede acoger al Fondo Monetario Internacional ni tampoco a la ley de quiebras de Estados Unidos", cuestionó el presidente del Senado puertorriqueño, Eduardo Bathia.
Alto déficit y negociaciones
De acuerdo a las estadísticas, la economía puertorriqueña empezó a salirse de control desde el año 2000, cuando el gobierno de la isla empezó a endeudarse, ocasionando que el déficit creciera de forma inmesurable, registrando una caída de los ingresos tributarios de 6,8% entre 2005 y 2014.
"Puerto Rico entró en un círculo vicioso de contracción, emigración, austeridad e impuestos", reconoció el gobernador García Padilla, al advertir que la isla caribeña puede caer en una crisis financiera como la que atraviesa Grecia, refiere un artículo del diario boricua El Comercio, publicado el 12 de julio.
Sin embargo, garantizó que los puertorriqueños están dispuestos a pagar su deuda y negociar, por lo que instó al Gobierno estadounidense a establecer mecanismos de cooperación.
Por tal motivo, García Padilla se reunió el martes en Washington con varios legisladores para obtener apoyo al proyecto HR-870, que busca que se le permita a la isla declararse en bancarrota, y que se encuentra detenido en el Comité Jurídico por la falta de apoyo dentro de la mayoría republicana.
No obstante, el director de Política Pública en el Centro para Una Nueva Economía (CNE) de Puerto Rico, Sergio Marxuach, alertó que extender los mecanismos de quiebra norteamericanos a la isla boricua, puede proveer un marco procesal para acogerse a la bancarrota, pero no implica que las agencias del gobierno local reciban un alivio de su deuda .
"Aunque respaldamos que a Puerto Rico se le permitan los remedios del Capítulo 9 para ajustar su deuda y creemos que este proveerá un mecanismo útil para atender fallas en la coordinación y en la información (financiera del gobierno), también subrayamos que esta no es una solución completa o perfecta a los problemas de Puerto Rico, ni siquiera para su crisis de deuda", manifestó el director de Política Pública en el Centro para Una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach.
Planteó que la quiebra federal no será suficiente para atender otros problemas significativos que experimenta la economía de la Isla, ya que no abarca las tareas pendientes por parte del gobierno puertorriqueño "y que van desde atajar la evasión y reducir el comportamiento rentista del sector privado", reseña el periódico puertorriqueño El Nuevo Día, en su portal web.
Pagos en riesgo
El escenario económico puertorriqueño se agudiza, ya que tal y como anunció el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, la Corporación para el Financiamiento Público (PFC) no podrá hacer frente al pago de deuda a sus bonistas, por un monto de 94 millones de dólares, que vence el sábado 1º de agosto.
"El flujo de efectivo está delicado por lo que estamos estableciendo las prioridades operacionales y no vemos que haya el dinero disponible para el pago", dijo Suárez, reseñó El Nuevo Día
Indicó que el Gobierno está haciendo una serie de ajustes para inyectarle un poco de liquidez al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), de modo que pueda cumplir con el pago a los bonistas de más de 100 millones de dólares que también están pendientes para inicios del próximo mes.
El panorama plantea un incumplimiento el repago de la deuda del PFC y un posible cumplimiento en el repago de la deuda del BGF. La diferencia, según explicó Suárez, es que el BGF paga la deuda con la liquidez que posee mientras que el repago del PFC depende de los fondos del gobierno central, los cuales están limitados después de la deficiencia en caja de más de $600 millones y el cierre de los mercados de capital que impide que el gobierno tome prestado las Notas de Anticipación de Impuestos, agrega la nota de El Nuevo Día.