San Salvador, julio 29 - Con camiones del ejército que llevaban pasajeros apretujados, el gobierno intentaba enfrentar un inédito paro ordenado por las pandillas en el transporte público, que este martes mantenía semiparalizado a El Salvador por segundo día y se saldaba con seis víctimas mortales.
Ante el desconcierto que imperó el lunes, el plan de contingencia de las autoridades se intensificó este martes en las calles, donde también las instituciones públicas pusieron a circular autobuses y pequeños camiones. Otros debieron caminar o pagar taxis.
Las pandillas, en particular Barrio 18, exigen que se les incluya en el Consejo de Seguridad y Convivencia en el que dialogan diferentes sectores del país, encabezados por el gobierno, en la búsqueda de soluciones al problema de la violencia, pero las autoridades rechazan categóricamente esa posibilidad.
Para forzar el paro, el lunes fueron asesinados cinco choferes de autobuses por desacatar la orden de suspender el servicio, mientras que otro murió a tiros el domingo, por lo que la mayoría de las empresas de transporte se han abstenido de sacar sus unidades.
“En ningún momento nuestro gobierno está dispuesto a dialogar con los criminales, que les quede muy claro, no vamos a negociar y los vamos a perseguir, a capturar para ponerlos ante la justicia”, advirtió el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Como parte de las medidas, el presidente ordenó el traslado a prisiones de máxima seguridad de varios jefes pandilleros a quienes reponsabiliza del chantaje contra las empresas de transporte público.
El mandatario añadió que otros 36 pandilleros con nivel de mando dentro de la Barrio 18 son trasladados este martes del penal de Gotera a la cárcel de Izalco, 66 km al oeste de San Salvador, por estar relacionados con el paro parcial de autobuses, que ya entró en su tercer día este miércoles.
