Al menos doce ciudades chilenas vivieron el domingo masivas manifestaciones para exigir a la presidenta Michelle Bachelet que cumpla su promesa electoral de formar una Asamblea Constituyente cuya misión será redactar una nueva Carta Magna, que deje de lado a la rige desde la dictadura de Augusto Pinochet.
Organizaciones, estudiantes y representantes del mundo político se sumaron a esta movilización que también tuvo su versión en Arica, Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Ancud, entre otros lugares del país.
En la capitalina Santiago, al menos unas 3500 personas, según la policía, y unas 10.000, de acuerdo con los organizadores, desfilaron a lo largo de la Alameda Bernardo O’Higgins para demandar una nueva Constitución refundada en las bases de la sociedad chilena. “Urgente, urgente asamblea constituyente” fue uno de sus lemas.
Bachelet ha reiterado que una nueva Constitución es uno de los objetivos de su mandato para el 2015, en “un proceso democrático, participativo, con un cauce institucional y claro”, sin embargo, plantea que el mecanismo se desarrolle a través de las instituciones vigentes, con el Parlamento como eje.
Entre tanto, Álvaro Ramis, coordinador de la marcha, afirma que “no hay nueva Constitución sin Asamblea Constituyente, que es el único mecanismo para poder elaborar una Constitución realmente nueva”, como lo prometió la mandataria.
A juicio de Marco Enríquez-Ominami, líder del Partido Progresista (PRO), se debe instalar una Asamblea Constituyente para que ejecute una reforma constitucional que legalice la convocatoria a un plebiscito, con el fin de que el pueblo chileno decida el mecanismo para elaborar el nuevo texto constitucional, que deje sin efecto la redactada por el dictador Augusto Pinochet en 1980.
En los últimos meses han surgido otras iniciativas con el mismo objetivo, como la campaña que solicita a los votantes en las elecciones de noviembre que marquen su voto con las iniciales AC (asamblea constituyente) para reclamar una nueva carta magna.
La Constitución chilena actual data de 1980, en plena dictadura de Pinochet (1973-1990), y sufrió varias modificaciones durante el Gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006).
