El gobierno argentino prepara hoy una demanda para impugnar el contrato con el Bank of New York Mellon, donde ha depositado fondos destinados a saldar su deuda con los acreedores.
Lo hace sobre la base de que ese banco no cumplió su obligación de efectivizar los bonos soberanos, luego que el país colocara 539 millones de dólares para cubrir el vencimiento de los saldos, indican aquí varios medios de prensa.
Ese consorcio bancario, en cambio, acató un dictamen del juez neoyorquino Thomas Griesa para retener ese dinero, contrario a las normas y contratos internacionales, para favorecer a los fondos buitre.
De esa forma, se persigue que se podría cambiar la plaza de pago por otra como Luxemburgo, Tokio o Londres.
Argentina se ha visto obligada a pagar su deuda a través de bancos estadounidenses por los contratos fiduciarios que selló con ellos la última dictadura cívico-militar (1976-1983), dejándolos al arbitrio de las leyes estadounidenses.
El banco argumenta que cumple con la orden de Griesa de impedir el pago transitoriamente hasta que Argentina logre alcanzar un acuerdo con los fondos buitre.
La semana pasada, el ministro de Economía, Axel Kicillof, declaró que el Gobierno intimó al Bank of New York para que efectivice el pago a los bonistas reestructurados.
Esta nueva acción del gobierno argentino se suma a la denuncia formulada ante la Corte Internacional de La Haya contra los fondos buitre y la investigación que realiza la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre una posible estafa especulativa millonaria.
Ese organismo pretende determinar si las medidas adoptadas por Griesa fueron tomadas a propósito para beneficiar a esos bonistas en una maniobra usurera.
La CNV reúne toda la información posible tanto del proceder de Griesa y los bonistas litigantes, así como de corredores de títulos extranjeros como nacionales.
Una vez complete el expediente y la argumentación la presentará ante la Comisión de Valores de Estados Unidos.
