19-09-13.-Asociaciones de víctimas presentes en la demanda argentina contra crímenes del franquismo se mostraron satisfechas con la resolución de la justicia de ese país de ordenar la detención de cuatro expolicías españoles. Calificaron la decisión como histórica y llamaron al Gobierno de España a cumplirla.
Una de las abogadas de la causa, Ana Mesuti, subrayó este jueves en rueda de prensa que la decisión de la jueza argentina María Servini "responde a nuestro pedido, ya que ordena la detención para interrogar a cuatro acusados de un delito de torturas, un crimen de lesa humanidad y por tanto imprescriptible”.
Este miércoles la jueza Servini ordenó la busca y captura a través de interpol de cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas, supuestamente involucrados en delitos de represión durante el franquismo, basándose en el Código penal argentino y en la Convención Internacional contra la tortura.
Los acusados son Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte y Juan Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño".
Mesuti afirmó que "si (España) se niega a cumplir una orden así, habiendo firmado los tratados -en referencia al tratado de extradición firmado con Argentina y a la Convención contra la Tortura- no lo deja en muy bien pie".
Agregó que “no podemos obligar a las autoridades", pero "quedar como refugio de personas que están buscadas internacionalmente, no es una buena imagen".
La abogada defensora calificó el auto de la jueza de histórico y subrayó que "es la primera vez que se exige que alguien responda de lo que ha hecho en la dictadura" de Francisco Franco.
Por su parte, Bonifacio Sánchez, miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), organización que presentó la demanda en Argentina en 2010, destacó que esta resolución "es una puerta abierta para un futuro esperanzador". Sin embargo destacó que hay personas que llevan 77 años esperando, en alusión a la guerra civil española, que comenzó en 1936.
En septiembre de 2010 el Tribunal Supremo de España, la máxima instancia judicial de ese país confirmó el procesamiento del juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975).
La justicia española consideró proceder contra Garzón por un presunto delito de prevaricación, porque ignoró la Ley de Amnistía promulgada en España en 1977, aunque finalmente fue absuelto, al considerar que su decisión fue "errónea" pero no prevaricadora.
