Bogotá, enero 11 - Obtener información sobre la conformación en la década de los 90 de grupos paramilitares que operaron en Antioquia y de los crímenes endilgados a estas organizaciones; recaudar datos sobre la Convivir El Cóndor y sus creadores; constatar si el jefe de las autodefensas alias Filo, quien al parecer habría tenido su base de operaciones en la finca Guacharacas, falleció en el año 2000, y verificar si Santiago Uribe tiene anotaciones penales o trámites de extinción de dominio, fueron algunas de las pruebas ordenadas por la justicia en el expediente que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por sus presuntos nexos con el paramilitarismo.
En un documento de 13 páginas, el fiscal delegado ante la Corte Roberto Arturo Puentes ordenó 21 pruebas que deberán ser recaudadas por el CTI de la Fiscalía para establecer si Álvaro Uribe patrocinó, en su calidad de gobernador de Antioquia, los ejércitos privados de los ‘paras’. Las declaraciones que recogió en distintas cárceles el representante a la Cámara Iván Cepeda, entre las que figura la de Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, excomandante del bloque Cacique Pipintá, ya fueron incorporadas al expediente. Guerrero sostuvo que a mediados de los 90, en el municipio de San Roque (Antioquia), se creó un grupo de autodefensas que habría sido fundado por Luis Alberto Villegas, Juan Guillermo Villegas, Santiago Gallón, Santiago Uribe y su hermano, Álvaro Uribe. De acuerdo con su relato, dicha organización habría utilizado como fachada la Convivir El Cóndor.
El otro declarante es Juan Guillermo Monsalve Pineda, hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, que fue de propiedad de los Uribe Vélez. Guerrero y Monsalve rindieron su testimonio ante la Fiscalía los días 14 y 27 de septiembre de 2012 y reiteraron que cuando Uribe Vélez se desempeñaba como primer mandatario de Antioquia, operaba desde la hacienda Guacharacas un grupo paramilitar al que se le atribuyen varias masacres y homicidios selectivos. Ambos testigos aseguraron que ese grupo ilegal se fundó después de que miembros del Eln se tomaran la hacienda y la incendiaran.
De hecho, Monsalve y Guerrero reconocieron haber formado parte de esa organización paramilitar, y el primero de ellos incluso identificó su imagen en unas fotografías, tomadas al parecer en la hacienda Guacharacas, “en las cuales se le observa vestido de camuflado y portando un arma”. Sobre esa base, el fiscal Puentes ordenó la reapertura del expediente en contra de Uribe —cerrado parcialmente en diciembre de 2000—, para establecer si el exgobernador colaboró de alguna forma con el grupo ilegal al que se responsabiliza de la masacre de Providencia, ocurrida en junio de 1996; la masacre de San Roque, dos meses después, o la desaparición de ocho comerciantes entre Maceo y Puerto Berrío, así como el homicidio del guerrillero del Eln Francisco Javier Zuluaga, alias Juan Pablo.
Además de verificar las declaraciones de los testigos y establecer si la justicia avanzó en las pesquisas sobre los delitos perpetrados por esta organización en Antioquia, se pide cruzar datos con la Unidad de Justicia y Paz y con otros despachos para reconstruir la estela criminal de este grupo y averiguar qué ocurrió con las investigaciones por los homicidios del comerciante Álvaro Carmona —quien, al parecer, adquirió uno de los semovientes hurtados de la hacienda Guacharacas durante la incursión del Eln— y del minero Darío Granda, así como la desaparición de Ramiro Ceballos, a quien se señaló de haber participado en el incendio de la finca.
Además, el fiscal solicitó consultar en los archivos judiciales para establecer si Luis Alberto Villegas, Juan Guillermo Villegas, Santiago Gallón y Santiago Uribe registran procesos de extinción de dominio, y determinar si el Ministerio de Defensa o la Gobernación de Antioquia ofrecieron recompensa alguna por la muerte del jefe del Eln Francisco Javier Zuluaga, alias Juan Pablo, ocurrida en 1996. También se pidió verificar si el expresidente Uribe Vélez denunció ante la Corte a Iván Cepeda por injuria y calumnia y si lo mismo hizo contra los testigos Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero.
De la misma forma, la Fiscalía investigará cuál fue la suerte de la Convivir El Cóndor, cómo se financió y quiénes fueron sus promotores, a la vez que ordenó una inspección al expediente que cursa contra Santiago Uribe en la Fiscalía 18 de Terrorismo, por hechos similares, y a otro proceso que se adelanta en la Fiscalía 32 Especializada de Medellín contra Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas. Como se tiene información de que los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso, Hébert Veloza, alias H.H. y Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, han mencionado en sus declaraciones a Álvaro Uribe Vélez, se solicitarán todas sus versiones, así como las de los condenados excongresistas Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda.
Y algo más: se pidió a la Corte Suprema revisar si en todos los expedientes que ha adelantado en sus investigaciones sobre la parapolítica “obran declaraciones en las cuales se hagan señalamientos contra el doctor Álvaro Uribe en su condición de gobernador”. Según el documento, la Fiscalía sabe de una declaración rendida por Mancuso en el proceso que se adelantó en contra del exdirector del DAS Jorge Noguera, en donde, al parecer, “se refiere al apoyo brindado por las autodefensas” a Uribe. Por último, se ordenó consultar los antecedentes judiciales de los testigos Guerrero y Monsalve, entre otras verificaciones notariales. Para desarrollar todas estas actividades dio un plazo de 60 días.
El abogado de Uribe Vélez, Jaime Granados, ha señalado que su cliente está siendo víctima de un carrusel de testigos falsos, que no hay mérito para reabrir la investigación, que intereses oscuros buscan desacreditar al exmandatario y que los declarantes, “con sus temerarios relatos”, quieren colarse en el proceso de Justicia y Paz. Entre tanto, Uribe Vélez ha insistido en múltiples declaraciones que ni él ni su familia tienen nada que ver con grupos paramilitares. La Fiscalía ya está practicando las pruebas.
