El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, llamó a un diálogo nacional entre los poderes del Estado para buscar una "armonía" entre los mismos, luego de la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por parte del Congreso Nacional.
“Compatriotas, estoy aquí hoy (miércoles) ante ustedes haciendo un llamado a la armonía de los poderes que conforman nuestro sistema democrático. Debemos recordar que solo juntos hemos logrado superar las mayores dificultades que hemos enfrentado. Honduras somos todos”, declaró Lobo en una breve cadena de radio y televisión.
Asimismo, señaló que en las próximas horas "estaré invitando al presidente del Congreso Nacional, al presidente de la Corte Suprema de Justicia y a otros actores claves de nuestra democracia a un diálogo amplio y abierto para construir una salida y un ambiente de colaboración, interacción y cooperación entre todos por el bien de Honduras”.
“La independencia y la complementariedad de los poderes del Estado es fundamental. Unidos todos en una altísima coordinación y armonía con un único propósito, hacer lo mejor por nuestro pueblo hondureño”, declaró el gobernante.
El llamado a diálogo fue rechazado por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) de Honduras. La organización evaluó que la convocatoria es "una trampa" ya que en el poder se mantienen las estructuras golpistas.
El discurso del mandatario hondureño ocurre a menos de 24 horas que el Congreso Nacional destituyera por mayoría a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional.
La destitución afectó a los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel luego de que admitieran un recurso de amparo en contra de las pruebas de confianza que se realizan a los policías hondureños en el proceso de depuración de esa institución.
Quedó excluido de la separación el magistrado Óscar Chinchilla, quien votó en contra de ese recurso.
Esta destitución fue calificada como un "golpe técnico" al poder Judicial, manifestó el diputado opositor Wenceslao Lara, quien advirtió que esta decisión es una "violación de la Constitución", que "conllevaba responsabilidad penal".
El 28 de noviembre, la Sala declaró inconstitucional la medida al acoger un recurso presentado por un abogado defensor de los policías por considerar que el proceso de depuración incluye procedimientos que los obliga "a declarar contra ellos mismos".
En junio pasado, el Congreso puso en vigor las llamadas "pruebas de confianza" a través de una ley con vigencia de seis meses que venció el 24 de octubre y que consisten en someter a los miembros de la policía a exámenes antidrogas, polígrafo e investigaciones patrimoniales en busca de indicios de enriquecimiento ilícito.
El proceso de depuración fue ordenado por Porfirio Lobo luego de que en octubre del año pasado un grupo de agentes asesinara a tiros en Tegucigalpa (capital) a dos universitarios, entre ellos el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellano.
Tras investigaciones impulsadas por la rectora, la Fiscalía denunció que varias sedes de la Policía estaban involucradas en tráfico de drogas, secuestros, robo de autos, extorsión, entre otros delitos.
