09/11/12.-Hay 40 detenciones arbitrarias en el centro de San José. El Centro Pabrú Présbere y Human Rights Everywhere alertan sobre el grave deterioro del clima de respeto a los derechos humanos en el país centroamericano.
Centro Pabrú Présbere – Human Rights Everywhere
COMUNICADO PÚBLICO INTERNACIONAL
San José (Costa Rica), 9 de noviembre de 2012.
Hasta tres veces arremetió a policía antimotines de Costa Rica contra cientos de manifestantes pacíficos en el centro de San José este jueves 8 de noviembre frente a la sede de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Fuerzas de la UIP (antimotines) y GAO (anti crimen organizado), bajo la responsabilidad de Raúl Rivero, director de la Fuerza Pública, y del viceministro de Seguridad, Celso Gamboa, detuvieron a mediodía a 20 manifestantes y dispersaron en tres ocasiones las concentraciones en las que se pedía una reunión con la presidente ejecutiva de la CCSS. En esas acciones posteriores fueron apresadas otras 20 personas. Entre los detenidos, que fueron liberados a las 10 p.m., había trabajadores del sector salud, sindicalistas, activistas, estudiantes universitarios e, incluso, un vendedor ambulante. Dos de los detenidos durante la represión policial permanecían detenidos en la madrugada y pueden enfrentar cargos penales. A otros seis, ya liberados, se les amenazó con ser investigados. Las liberaciones se produjeron ante la presión ciudadana frente a las instalaciones policiales y los recursos de habeas corpus presentados ante el Tribunal Constitucional.
Entre los detenidos se encontraba Manuel Emilio Soto Aguilar, miembro del Centro Centro Pabrú Présbere, activista de derechos humanos y colaborador activo de la organización internacional Human Rights Everywhere (HREV). Las unidades policiales hicieron uso excesivo de la fuerza de la que no se libraron ni los diputados Claudio Monge y Carmen Granados, del partido Acción Ciudadana, y José María Villalta del partidos Frente Amplio, ni periodistas dos reporteros de medio alternativo El País.cr
El Centro Pabrú Présbere y la organización Human Rights Everywhere (HREV) denuncian internacionalmente los hechos acontecidos en la ciudad de San José y responsabilizan de los mismos al viceministro de Seguridad, Celso Gamboa, al director de la Fuerza Pública de San José, Raúl Rivero, y a la presidenta, Laura Chinchilla.
Ambas organizaciones alertan que desde hace meses del deterioro del marco de respeto a los derechos humanos en Costa Rica, relacionado directamente con el desmonte progresivo del Estado Social de Derecho por los gobiernos del PLN y PUSC, lo que ha generado profundas brechas sociales en el país.
Por estas razones, el Centro Pabrú Présbere y Human Rights Everywhere exigen una investigación sobre lo ocurrido hoy (ayer) en San José y que se depuren responsabilidades políticas, administrativas, civiles y penales sobre la represión policial como única forma de frenar esta escalda de violencia en un país antes caracterizado por un marco legal y político de cierto respeto por los derechos humanos. Este evidente deterioro se confirma con la sanción, este mismo 8 de noviembre, de la Ley de Delitos Informáticos, conocida como Ley Mordaza, que limita el derecho a la comunicación y permite la detención de periodistas en caso de difundir “secretos políticos”, amparándose ilegítimamente al llamado “secreto de Estado”.
