Guatemala, octubre 19 - La Coordinadora de Organizaciones Mayas para la Reforma del Estado
instó al presidente guatemalteco, Otto Pérez, a someterse de manera
voluntaria a un antejuicio por el choque entre militares e indígenas
ocurrido este mes en el suroccidental departamento de Totonicapán.
El mandatario debe sujetarse al antejuicio de manera voluntaria, lo
cual sería una muestra de que en el país se desarrolla la democracia,
consideró German Curruchiche, miembro de esa instancia.
Asimismo, pidió la renuncia de los ministros de la Defensa, Ulises
Anzueto, de Gobernación (Interior), Mauricio López, y del coordinador
del Sistema Nacional de Diálogo, Miguel Ángel Balcárcel, por el referido
acontecimiento que dejó un saldo de seis muertos y más de 30 heridos el
4 de octubre pasado.
El gobernante y sus ministros han violado
la Constitución y son responsables por la cadena de mando, estimó Mario
Itzep, del Observatorio Indígena.
Si el dignatario evade una
respuesta al respecto, acudirán a la Corte Interamericana de Justicia,
con sede en la ciudad holandesa de La Haya, manifestó Mario Chen, de la
Asociación de Maestros del Área Rural de Guatemala.
Hace dos
días, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la solicitud de
antejuicio presentada por la oposición contra Pérez y el titular de la
Defensa, Ulises Anzueto, respecto al mencionado enfrentamiento.
Según informó en rueda de prensa el presidente de la CSJ, Gabriel
Medrano, los magistrados negaron la petición de la denuncia al descartar
la relación de causalidad entre las acciones e instrucciones de los
funcionarios involucrados con los hechos acaecidos aquel día.
El
diputado Edgar Ajcip, de la bancada de Líder, entregó la demanda el 9
de octubre último al Juzgado Sexto de Primera Instancia, el cual lo
elevó a la citada Corte.
La Fiscalía, al presentar los primeros
resultados de la investigación, señaló a un coronel y ocho soldados,
procesados por la Justicia guatemalteca como presuntos responsables de
la muerte de seis personas durante aquel disturbio.
Entretanto,
casi cinco mil miembros de organizaciones sociales y campesinas
marcharon el viernes anterior en contra de las ejecuciones perpetradas
por uniformados durante el conflicto de principios de este mes.
Dos días después, miles de simpatizantes del opositor Líder expresaron su inconformidad con lo sucedido en Totonicapán.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas condenó de manera
enérgica que la política gubernamental involucre al cuerpo castrense en
la disolución de manifestaciones.
Mientras, la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala sugirió al gobernante
promover una reforma para prohibir la participación de efectivos en
asuntos criminales y policiales.
