13 de agosto de 2012.- Alberto Núñez Feijoo buscará resquicios legales para prestar atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. El presidente de la Xunta se convierte así en el primer dirigente popular que alza la voz contra el real decreto elaborado por el Ministerio de Sanidad que excluye a los "sin-papeles" del Sistema Nacional de Salud a partir del próximo 1 de septiembre.
El que fuera presidente del Instituto Nacional de Salud reconoce que no es partidario de disminuir la asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales. El decreto aprobado en abril por el Consejo de Ministros reduce los derechos básicos de la asistencia sanitaria a aquellos inmigrantes que carezcan de permiso de residencia, y establece solo tres supuestos en los que los irregulares podrán ser atendidos gratuitamente: urgencias (por accidente o enfermedad), mujeres embarazadas y menores de edad. A pesar de ser el único presidente autonómico del PP dispuesto a incumplir la normativa, Feijoo matiza que primero tendrá que ver bien el impacto que tiene en la comunidad, y el texto de la orden que prepara el ministerio para ofrecer esta cobertura dentro del cumplimiento de la ley.
La oposición duda de las palabras del presidente de la Xunta y de hecho sostiene que en caso de querer, Feijoo no tendría que hacer nada para dar asistencia a los inmigrantes irregulares. «Hay que buscar mecanismos legales para quitarle la asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales. Para darla, sólo hay que cumplir con la legislación», señalaba el portavoz socialista de sanidad en el Parlamento, Modesto Pose. Tanto Pose como Ana Luísa Bouza, portavoz de sanidad del Bloque Nacionalista Gallego en la Cámara gallega, aseguraron que el Sergas puede garantizar la sanidad a los "sin-papeles", ya que es Galicia quien emite las tarjetas sanitarias, «y hasta ahora sólo necesitaba unos datos del censo de papel y nadie cruzó el INSS», explicó Bouza.
Un ahorro nulo
La oposición insiste además en que el ahorro por no atender a los "sin-papeles" sería muy pequeño. «No hay un médico de cabecera que esté contratado para atender a inmigrantes. Al final van a seguir atendiendo a toda la gente, sólo que complicándole los trámites a los médicos», afirma el socialista, quien recuerda que los inmigrantes también financian la sanidad ya que se hace vía impuestos, y ellos también consumen en la comunidad gallega. Ana Luísa Bouza añadía que el número de personas "sin-papeles" en Galicia, que tiene un porcentaje de inmigración muy bajo, es escaso.