30/07/12.-"Hemos sido 'pasados a llevar' (atropellados)
por este Estado chileno que es racista, que nos reprime. La fuerza
policial nos reprime a todo el pueblo mapuche. ellos son los que nos
disparan a sangre fría". Así narró un indígena de 16 años la represión
policial de la que fue víctima junto a otros campesinos de la región de
la Araucanía, 680 kilómetros al sur de Santiago, tras el desalojo de un
predio ocupado por varias comunidades que reclaman sus tierras
ancestrales.
"Ese es el sentimiento de los niños que son parte de
las comunidades que están en conflicto, porque ellos han crecido en
medio de la violencia", explicó a IPS la coordinadora de la Fundación de
Apoyo a la Niñez y sus Derechos (Anide), Ana Cortés.
"El
adolescente del testimonio pertenece a una comunidad que ha estado desde
hace muchos años tratando de recuperar un territorio que le permita
vivir. Racismo y represión es lo que él ha conocido del Estado, por lo
tanto, es lo que expresa", añadió.
Esta denuncia sobre la
represión publicada por el diario digital mapuche Werken, que circula
por las redes sociales de Internet y por medios de comunicación
electrónicos es el testimonio más concreto del recrudecimiento de la
violencia, que en las últimas 72 horas dejó decenas de personas
detenidas y varias heridas, entre ellas cinco niños y niñas.
En
medio de la preocupación y la denuncia, este miércoles 25 se registraron
nuevos incidentes, esta vez en la comunidad Temucuicui, que fue
allanada por la policía.
El conflicto se agudizó el lunes 23,
cuando miembros de la comunidad mapuche Ignacio Queipul de Temucuicui
fueron desalojados por efectivos de la policía de Carabineros de los
establecimientos La Romana y Montenegro, explotados por las empresas
Forestales Mininco y Arauco.
Según portavoces indígenas, se trató
de una movilización pacífica, que pretendía "llamar la atención" sobre
el incumplimiento de diversas promesas del gobierno del derechista
Sebastián Piñera en el marco de la lucha por la recuperación de tierras
mapuches.
Estos predios, aseguran, son parte del territorio que
les fue despojado a sus ancestros durante la "Pacificación de la
Araucanía", un proceso de invasión militar de dominación del Estado
chileno en esa zona aborigen que se prolongó durante casi toda la
segunda mitad del siglo XIX.
La ocupación del lunes fue realizada
por unos 60 comuneros. El desalojo, en contraste, habría sido ejecutado
por unos 200 carabineros, que ingresaron al lugar disparando escopetas y
bombas de gases lacrimógenos, según declararon testigos.
En ese
operativo fueron detenidas 12 personas, tres de ellas menores de edad,
quienes denunciaron haber sido víctimas de "todo tipo de vejaciones,
golpes y acoso sexual por parte de los carabineros".
La represión
continuó horas más tarde en las afueras del hospital de Collipulli, una
de las localidades de la zona, cuando la policía disparó contra un
grupo de comuneros que esperaban a quienes habían concurrido a
certificar lesiones.
Entre las víctimas de este episodio figuran
una niña de 12 años, quien recibió perdigones en la columna, y un
adolescente de 16, que recibió balines en la cabeza.
El ataque
motivó que el presidente Piñera anunciara una "investigación" para
determinar responsabilidades de los carabineros, aunque enfatizó que su
gobierno apoya "en un 100 por ciento el actuar policial".
Según
la Fundación Anide, entre 2001 y 2011, niños y niñas mapuches de entre
nueve meses y 16 años de edad han sido blanco de heridas de balines,
asfixias por bombas lacrimógenas, golpes, patadas y torturas, entre
otros tratos vejatorios por parte de la policía. Incluso se registró el
homicidio de un joven de 17 años en el año 2002.
"Muchas veces
hemos señalado que la violencia hacia los niños mapuche no es una
excepción sino que se está convirtiendo en una norma. En cada
allanamiento, tres o cuatro menores de 18 años salen heridos, y frente a
esto no podemos señalar, como lo hace el gobierno, que son hechos
aislados", sostuvo Cortés.
La activista añadió que es preocupante
el recrudecimiento de la violencia en territorio mapuche, que a su
juicio se explica por la falta de solución a los problemas de fondo que
tienen las comunidades.
Precisó que las medidas planteadas por el
gobierno, que el martes 24 anunció un reforzamiento de personal
policial en la zona, son de "seguridad interna" y no apuntan a resolver
el conflicto de fondo.
"No veo ningún gesto de acercamiento con
las comunidades en conflicto para negociar una salida política. Mientras
eso no ocurra, van a seguir las movilizaciones sociales con personas
heridas, muchos de ellos menores de edad", advirtió.
Piñera
encabezó el martes una cumbre de seguridad en La Moneda, la sede de
gobierno, donde se analizó el conflicto mapuche y se determinó el
reforzamiento policial, decisión que para algunos evidencia el afán
oficial de una militarización de la zona.
"Cuando el gobierno
empieza a buscar motivos para reprimir a las comunidades sin abordar el
tema político que subyace en el conflicto, es porque perdió el norte
respecto de cuál era la política del Estado en relación a los pueblos
indígenas", comentó a IPS el abogado mapuche Lautaro Loncón.
Chile
suscribió varios tratados internacionales de protección de los derechos
humanos y de la infancia y, en particular, el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo relativo a pueblos indígenas,
recordó.
Para Loncón, "a la hora de elaborar sus políticas
públicas, el gobierno se basa más en la represión que en implementar
esos convenios".
El aumento de la violencia "tiene que ver con la
postura histórica de la derecha política chilena respecto de los
movimientos sociales e indígenas", añadió.
"El gobierno de Piñera
ha ido criminalizando la protesta social, no solamente hacia los
mapuches, sino a cualquier movimiento que pueda poner en aprietos sus
políticas neoliberales", enfatizó.
El jurista coincidió en que,
históricamente, existe "una actitud racista del gobierno y del Estado
como institución, que se funda en la negación de la existencia de los
pueblos indígenas y la negación de sus derechos. No es nada más que un
racismo del que nunca la sociedad chilena se ha hecho cargo", dijo.
La
directora del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena
Fríes, viajó este miércoles 25 a la zona en una misión de observación y
espera divulgar un informe en los próximos días.
En tanto, el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia manifestó su "enérgico
rechazo y condena" a los actos de violencia que afectaron a niños y
niñas.
Por su parte, dirigentes del opositor Partido Por la
Democracia solicitaron al encargado para América del Sur del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo
Incalcaterra, el envío de un observador a la zona del conflicto mapuche.