Caracas, 18 Ago. ABN (Manuel Alexis Rodríguez).- “Venezuela debe investigar y desarrollar una política permanente de monitoreo a la presencia paramilitar en la frontera con Colombia, puesto que el paramilitarismo responden a la supuesta política de seguridad democrática del Gobierno de Álvaro Uribe, un política realmente antibolivariana”, expresó la politóloga Lilia Solano, ex asesora del Senado colombiano.
Actualmente, Solano es directora del Proyecto Justicia y Vida, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en Colombia.
En declaraciones a la Agencia Bolivariana de Noticias, Solano se pronunció en torno a las denuncias hechas el pasado lunes por el Partido Comunista de Venezuela, sobre una incursión paramilitar colombiana a territorio venezolano el pasado fin de semana, específicamente por el estado Zulia.
Destacó que el traslado de paramilitares colombianos hasta la frontera con Venezuela es una forma de infiltración e invasión a la soberanía y data desde hace años. Además, forma parte de la política extraterritorial de agresión a los países vecinos que desarrolla el Gobierno colombiano.
“La política de seguridad democrática de Uribe representa exactamente lo contrario a los objetivos de la Revolución Bolivariana. Es una política que no respeta la soberanía de los países vecinos y por eso desarrolla este tipo de acciones contra países vecinos, como la hizo en Ecuador el año pasado”, explicó.
Es por ello que la analista política subrayó que las acusaciones de Uribe contra el presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, a quien pretende conectar con la guerrilla y el paramilitarismo, son parte de un discurso que inventa para justificar las agresiones y complacer las líneas políticas estadounidenses.
“Se trata de una política de los años 60, calificada como guerra antiterrorista, antinarcótica y anticomunista norteamericana, pero cuyo objetivo es inculpar a otros países y estigmatizarlos, para luego justificar agresiones contra ellos”, aseveró.
Al contrario, Solano enfatizó que ha sido el Gobierno de Uribe el que ha trabajado conjuntamente con las fuerzas paramilitares y la clase empresarial de su país, para ejecutar una política guerrerista, en vez de buscar una solución pacífica a conflicto colombiano.
“Si nos atenemos a lo dicho por los jefes paramilitares extraditados en cárceles de Estados Unidos, ellos sostienen que trabajaron hombro a hombro con las fuerzas armadas y fuerzas policiales colombianas, y que recibían órdenes del Gobierno sobre a quién debían matar o perseguir”, denunció.
