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El arresto de Santos fue ordenado por un juez ecuatoriano a raíz de un ataque militar, informa hoy la prensa de Bogotá.
La orden fue impartida por el juez Daniel Méndez, de la población amazónica de Sucumbíos, quien investiga a Santos por el bombardeo que el Ejército colombiano efectuó el 1 de marzo de 2008 contra un campamento guerrillero ubicado en territorio ecuatoriano.
En el ataque, que además produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá, murieron 25 personas, entre ellas alias "Raúl Reyes", segundo al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La decisión del juez prendió las alarmas en el gobierno colombiano ante la posibilidad de que Santos sea detenido por la Policía Internacional (Interpol), pues desde que renunció al cargo de ministro de Defensa, en mayo pasado, se encuentra en el exterior.
Según el diario "El Tiempo", durante una reunión celebrada el miércoles en la Casa de Nariño (sede de gobierno) se analizaron varios escenarios para evitar la detención y se habló de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), y a la Corte de La Haya.
A dicha reunión asistieron los ministros del Interior y Justicia, Fabio Valencia; de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez; y el encargado de la cartera de Defensa, general Freddy Padilla; así como el fiscal general, Mario Iguarán; y el jefe del servicio secreto y de migración DAS, Felipe Muñoz.
Un comunicado expedido al término del encuentro aseguró que el bombardeo se fundamentó "en el marco de la lucha mundial contra el terrorismo", contra un "objetivo legítimo" y con "estricta observancia del derecho internacional humanitario".
Por su parte, el presidente Álvaro Uribe anunció la creación de una especie de "gerencia" integrada por varios expertos para encarar una posible acción internacional contra Santos, quien desde Inglaterra dijo que la orden de detención en su contra le parece "grotesca".
El ex magistrado Eduardo Montealegre, asesor de la Cancillería, propuso en la reunión que se acuda a la CIDH, mientras que el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, recomendó acciones ante la Corte de La Haya, según "El Tiempo".
La versión periodística indica que durante la reunión se planteó la posibilidad de aprovechar el caso para presentar en La Haya una denuncia formal contra Ecuador por presuntos vínculos de algunos funcionarios con las FARC.