16 de junio 2009. -El presidente del Consejo de Ministros peruano, Yehude Simon, anunció este martes que dejará el cargo apenas finalicen las investigaciones por la masacre indígena perpetrada el pasado 5 de junio en la Amazonia y que dejó un saldo de al menos 40 indígenas muertos y 20 policías, así como más de cien heridos.

Simon insistió que esta decisión no responde a las exigencias hechas por el líder indígena Ollanta Humala, quien instó a su renuncia con el fin de obtener tranquilidad en el país andino. "Esta decisión la tomó a fin de dar tranquilidad al país y no por el capricho del líder nacionalista Ollanta Humala".

Simon explicó a medios locales que saldrá de su cargo en las próximas dos semanas. "Yo voy a salir de todas maneras en el momento que tenga todo esto tranquilizado, que debe ser en las próximas semanas", declaró Simon a RPP.

"Porque quiero al país, porque quiero tranquilidad, quiero estabilidad y porque siento mucho cariño por el Presidente (García), porque creo que hace los esfuerzos inmensos para que el país llegue a buen puerto, lo hago", señaló el jefe del gabinete ministerial.

Simon acusó a Humala por los "actos de violencia" en Bagua en el que los originarios protestaban pacíficamente por una serie de decretos aprobados por el Ejecutivo sobre la propiedad de las tierras.

"Que no se sienta el señor Humala como un vencedor porque también tiene responsabilidad. Y cuando salga una comisión investigadora, veremos la responsabilidad del señor Humala, quien se siente ufano de que ahora quiere tomar el nombre de los nativos", manifestó.

Refirió, asimismo que el Ejecutivo haya cedido a la derogatoria de los decretos 1090 y 1064 representa un acto de debilidad del Gobierno.

"No queda debilitado el Gobierno o la democracia frente al pueblo (Â…) La gente común y corriente pide paz", justificó al criticar el "oportunismo terrible" de algunos grupos de televisión que "creen que han ganado" con la decisión gubernamental de derogar los referidos decretos.

Ollanta Humala responsabilizó a Simon sobre la masacre perpetrada contra la población indígena de Bagua el pasado 5 de junio en donde tres helicópteros MI-17 sobrevolaron la Curva del Diablo-parte de la carretera que une la selva con la costa norte-que estaba ocupada desde hacía diez días por unos cinco mil awajún y wampis que protestaban contra los decretos de tierras aprobados por el Congreso peruano. Lanzaron gases lacrimógenos sobre la multitud mientras un grupo de agentes arremetió en tierra contra el bloqueo disparando sus fusiles AKM.

En respuesta Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia y recordó al Estado peruano su obligación de esclarecer los hechos y de reparar sus consecuencias y llamó a las partes a promover un proceso de diálogo.

El presidente Alan García acusó a los indios de ''terroristas'' y habló de una ''conspiración internacional'', en la que según sus ministros estarían involucrados Bolivia y Venezuela.

El dirigente de la Asociación Interétnica por el Desarrollo de la Selva Pereuana (AIDESEP), que reúne a 300 mil indígenas y mil 350 comunidades, Alberto Pizango, fue considerado como ''delincuente'' por la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y se pidió su captura, por lo que pidió refugio en la embajada de Nicaragua en Lima.