15 de septiembre 2008. - Más de cincuenta ONG y entidades civiles mexicanas denunciaron este lunes en Ginebra la sistemática criminalización de la protesta social en México y la impunidad de la que gozan los agentes del Estado que perpetran violaciones de los derechos humanos.

"El Gobierno penaliza la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos", declaró a Efe Vidulfo Rosales Sierra, representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del estado de Guerrero, el más pobre del país.

El centro Tlachinollan forma parte de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, formado por una cincuentena de entidades defensoras de los derechos humanos.

La Red presenta esta semana en Ginebra el documento elaborado por la sociedad civil para que sea tenido en cuenta en el Informe Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dado que México será objeto de análisis el próximo febrero.

El texto denuncia que "a pesar de que México ha recibido un gran número de relatores y relatoras y que ha sido objeto de numerosas recomendaciones, éstas no se han traducido en acciones concretas por parte del Estado mexicano, ni tampoco han hecho que los derechos humanos se conviertan en prioridad dentro de las políticas públicas".

"Es por ello que debemos protestar para hacer valer unos derechos que no están reconocidos, y el Estado, en vez de actuar en consecuencia, responde reprimiendo y enjuiciando los movimientos sociales", explicó Rosales.