El acuerdo se firmó para asegurar que la Ley de Educación sea aprobada este jueves, pese al rechazo del sector estudiantil y magisterial. Credito: TeleSur

19 de junio 2008. - La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y las cúpulas de los partidos que la apoyan, firmaron este jueves un acuerdo en el cual la mandataria se compromete a fortalecer la educación pública, siempre y cuando los parlamentarios aprueben la controvertida Ley General de Educación (LGE), rechazada por profesores y estudiantes que consideran que aumenta la desigualdad.

"Necesitamos que todas las escuelas, que todos los liceos y todas las universidades se distingan por tener una educación de calidad y el compromiso que hoy (jueves) vamos a firmar recoge aquello que la sociedad está demandando: una educación plural, diversa, de calidad, que propenda a la inclusión social y que le dé efectivas oportunidades a cada uno de sus hijas e hijos", dijo Bachelet en un corto discurso antes de firmar el convenio.

Con la firma de este acuerdo es casi una realidad que este jueves la Cámara Baja del Congreso chileno, con sede en Valparaíso (centroeste), apruebe la LGE, ignorando el rechazo de estudiantes y profesores de todos los niveles del sistema de educación del país, que en las últimas semanas han salido a las calles para oponerse a la nueva norma.

Según Bachelet, el protocolo firmado establece "medidas y propuestas" para la redacción de una nueva legislación dirigida específicamente a normar una educación pública en la que "la calidad y la equidad dejen de ser una aspiración y se conviertan en elementos asegurados a través de mecanismos legales correspondientes".

Para debatir el proyecto de educación pública, Bachelet se comprometió además a impulsar la participación de "profesores, estudiantes y comunidad educativa".

"Este protocolo sella el compromiso de la Concertación con los temas de la institucionalidad, al dar prioridad a escuelas y liceos públicos, una nueva estructura que permita superar los problemas detectados y garantizar una educación de calidad a lo largo de todo Chile", añadió la gobernante.

La LGE busca reemplazar a la antigua Ley Orgánica de Enseñanza (LOCE) que fue instaurada por el fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990) y que trasladó la administración de los colegios a los municipios, lo que ahondó las diferencias entre colegios de ricos y pobres.

Para protestar contra la LGE, desde el lunes el gremio de profesores de Chile se encuentra en paro y han organizado marchas en Santiago y Valparaíso.

El miércoles, unos 10 mil estudiantes universitarios, liceístas y profesores marcharon por ambas ciudades, evento que se tornó violento y culminó con la arremetida de la policía, que con gases lacrimógenos y vehículos lanza agua dispersó la manifestación y detuvo a 292 personas.

Los sectores que se oponen a la LGE argumentan que es una iniciativa excluyente que no satisface las necesidades del actual sistema de enseñanza, heredado de la dictadura pinochetista. Denuncian que la norma beneficia a la empresa privada y no contribuye al desarrollo nacional.