En la mañana del domingo 4 de mayo, la Corte Departamental Electoral (CDE) de Santa Cruz abrió la consulta autonómica ilegal que organiza junto a la prefectura y el Comité Cívico. La ciudad amaneció con un ambiente tenso y vehículos sin permiso circulando en varias zonas. En zonas populares de la ciudad y el interior, se produjeron concentraciones de resistencia y denuncias sobre acciones de los sectores de derecha para presionar al voto afirmativo. En diversas zonas populares, se detectó actividad normal, contraviniendo una resolución departamental que exigía el cierre de negocios.

El presidente de la CDE, Mario Orlando Parada, reconoció que al menos en los territorios de San Julián y Yapacaní se reportaron destrozos de ánforas. Otros reportes señalan quema de urnas en Montero y en Plan Tres Mil (ciudad de Santa Cruz). Estas acciones apuntan a evitar una consulta que pretende consolidar la estrategia para poner fin al proceso de cambio que protagonizan las mayorías del país, así como para promover la división de Bolivia.

La CDE, que está controlada por los factores oligarcas de poder y que se encuentran en rebeldía frente a la constitución y el gobierno nacional, pretende mostrar las acciones en resguardo de la constitucionalidad como acciones de vandalismo. Orlando aseguró que "ya se sabía que esos disturbios se podían ocasionar", y que la Corte hará lo posible para reponer el material.

Pobladores de Yapacaní bloquean caminos para evitar el ingreso de ánforas

Pobladores, transportistas y colonizadores bloquean caminos que unen Yapacaní, Santa Cruz y Cochabamba desde la noche del sábado como muestra de rechazo al estatuto autonómico y para evitar el ingreso de ánforas al lugar.

Un dirigente del lugar afirmó que no permitirán el ingreso de ánforas, porque consideran que aprobar un estatuto en las actuales condiciones "es un atentado contra los indígenas, campesinos y sobre todo el país", afirmó. El dirigente informó que no permitirán que se vote en la consulta cruceña "porque no vamos a ser cómplices de la división de Bolivia", agregó.

En la noche, 10 ánforas y dos mil papeletas electorales de la consulta fueron confiscadas en San Germán, luego de ser descubiertas en manos de un notario de la localidad.

En Yapacaní se cortó la ruta desde Santa Cruz (este) con Cochabamba (centro de Bolivia) de la carretera interoceánica que se conecta con Brasil y Chile, aseguró la Ambrosio Choque, autoridad de la Alcaldía de la comarca de San Germán.

En Montero varios colegios fueron intervenidos por padres de familia

Varias unidades educativas en zonas periféricas y algunas periurbanas en la ciudad de Montero, ubicada a 50 kilómetros de Santa Cruz, amanecieron custodiadas por padres de familia para impedir que se instalen las mesas de votación, en medio de un ambiente tenso por las amenazas de grupos armados de la Unión Juvenil Cruceñista. En Villa Cochabamba, la alcaldesa, Melfy Cuéllar, acompañada de dirigentes cívicos y jóvenes vándalos pretendieron obligar a los vecinos a abrir las puertas de la Unidad Educativa, Daniel Rivero.

"Estamos dispuestos a enfrentarnos, no queremos imposiciones ni que nos obliguen a votar. Nos han dicho que no es obligatorio el votar por qué estos delincuentes de los Unión Juvenil Cruceñista nos quieren obligar a la fuerza votar", afirmó Vanesa N a la red Patria Nueva.

El panorama por las zonas populares de Montero fue normal con atención de mercados, tiendas, transporte público y otras actividades. Mientras que en la zona central se notó el acatamiento al auto de buen gobierno de la Prefectura de Santa Cruz.

Los vecinos mostraron sus palos como instrumento de defensa para evitar que los obliguen a abrir los colegios y les obliguen a votar. Asimismo, lamentaron la ausencia de los medios de comunicación privados para mostrar la protesta de los ciudadanos contra el estatuto, y pidieron a la prensa presentarse al lugar para registrar las agresiones de los unionistas armados.

Plan Tres Mil contra la consulta

La Redoma del Plan Tres Mil, en la ciudad de Santa Cruz, amaneció con una vigilia de grupos de vecinos manifestando contra la consulta. Dos de los mayores colegios del departamento fueron tomados, para impedir la consulta. Al promediar las 05:30 de la mañana, vecinos quemaron ánforas que fueron recogidas en escuelas y anunciaron que realizarían en cualquier momento una segunda quema. Dentro de urnas decomisadas se encontraron numerosas papeletas por el SÍ, lo que apuntaría a validar las denuncias de fraude de los factores autonomistas. Se produjeron algunos enfrentamientos con los grupos de choque de la derecha.

Atentados contra la democracia

El prefecto Rubén Costas, quien a lo largo de la constituyente ha venido amenazando a las mayorías bolivianas con la violencia y el separatismo si no se cumplían los deseos de los oligarcas que representa, señaló que estas acciones "no tienen que atemorizar a nadie", y aseguró que son parte "de los que buscan atemorizar a la gente". Antes de ser prefecto, Costas presidió el Comité Cívico de Santa Cruz, organización que ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos internacionales por ser responsable de la violencia en el departamento.

La Federación Internacional de Derechos Humanos en una carta dirigida en febrero pasado a Branko Marinkovic, actual Presidente del Comité pro Santa Cruz, condenó los atentados "que ustedes patrocinan contra el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en Bolivia". Asimismo, manifestó la preocupación frente al recrudecimiento de estas acciones de violencia, "en el contexto de la adopción de una nueva Constitución, y que se han traducido por múltiples ataques a personas por el simple hecho de ser indígenas o porque apoyan al gobierno del Presidente Evo Morales".

Asimismo, la FIDH condenó "la actitud y los discursos secesionistas, gremialistas y racistas así como los llamamientos a la desobediencia militar de los cuales el Comité Cívico pro Santa Cruz es uno de los principales promotores". La organización, que articula a más de un centenar de las principales organizaciones de derechos humanos del mundo, señaló su rechazo a "estos actos que ponen en grave peligro la estabilidad, la democracia y la paz en el país".