La Paz, 4 may (PL) Numerosos sectores sociales de toda Bolivia marcharán hoy en protesta por la celebración del referendo autonómico del departamento de Santa Cruz, el cual consideran un acto ilegal e inconstitucional.

El presidente de la Central Obrera Boliviana, Pedro Montes, anunció "marchas y cabildos con todas las organizaciones afiliadas a la entidad laboral, en rechazo a la consulta cruceña y a los sectores oligárquicos del país".

Una de las principales manifestaciones tendrá lugar en la ciudad de El Alto, en la que participarán activistas de derechos humanos, trabajadores y vecinos de esa urbe.

Por su parte, el vicepresidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Pedro Nuni, dijo que los representantes de naciones originarias de Santa Cruz no votarán, en repudio a la ilegitimidad de ese acto.

Con ello estamos diciendo al país que no estamos de acuerdo y no vamos a legitimar ni legalizar un estatuto ilegal que no sirve para nosotros, que no es más que una consulta, una encuesta, aseveró Nuni.

La víspera, en una conferencia de prensa las Fuerzas Armadas (FF.AA) declararon que el plebiscito cruceño atenta contra la seguridad y la defensa del Estado boliviano.

"El proyecto de estatuto autonómico del departamento de Santa Cruz, en algunos de sus artículos afecta a la seguridad y defensa nacional del Estado boliviano", señaló el Comandante en Jefe de esa institución, el general Luis Trigo.

Según el comunicado emitido por la entidad militar, el texto autonomista le atribuye a las autoridades departamentales algunas funciones que son competencia exclusiva del Estado, como son el control del transporte terrestre y otras vías, y el uso y asignación del espectro electromagnético regional.

El documenta consigna que esas disposiciones amenazan la seguridad nacional, pues obstruyen la labor del Ejército al involucrar a todos los medios de transporte, restringiendo el libre tránsito por tierra, espacio aéreo y cursos de agua navegables, en los cuales las Fuerzas Armadas tienen su misión asignada.

Además, la FF.AA cuestionan la legitimidad de la Asamblea Legislativa Departamental para establecer leyes referentes al mantenimiento del orden público, pues el gobierno nacional es el único facultado para legislar en ese sentido.