A pocos días de la consulta ilegal que proponen las oligarquías de Santa Cruz como estrategia para acosar el proceso de cambio y retomar el control de los recursos para seguir saqueándolos en compadreo con las transnacionales, el gobierno de Evo Morales anuncia la nacionalización de la empresa telefónica privatizada a mediados de la década de los 90.

En el enlace de arriba, la noticia de este gran triunfo del proceso popular, al que se suma el cierre del ciclo inicial de rescate de los recursos petroleros, por medio de la nacionalización de las 4 empresas vinculadas al sector en las que el Estado boliviano todavía no tenía el control; a continuación, un análisis en profundidad del proceso de "capitalización" de la telefónica.

El 24 de noviembre de 1995, la sociedad EUROTELECOM INTERNATIONAL NV (ETI) adquirió el 50% de las acciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) en el marco del proceso de “capitalización” de seis compañías estratégicas del Estado boliviano impulsado por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Once años después se develó que el negocio fue una falacia de principio a fin, pues los supuestos capitalizadores no solo que no invirtieron los 610 millones de dólares comprometidos en el Contrato de Suscripción de Acciones firmado con el entonces Ministerio Sin Cartera Responsable de Capitalización, sino que literalmente “descapitalizaron” a ENTEL con la complicidad de autoridades de turno y de pequeños grupos de poder económico estrechamente vinculados al capital transnacional.

El régimen de Sánchez de Lozada apeló a innumerables maniobras jurídicas para transferir las empresas estratégicas del Estado a la iniciativa privada, en cumplimiento de uno de los mandamientos centrales del credo neoliberal: el "achicamiento" del Estado. Imposibilitado de ejecutar una privatización directa debido a la oposición popular, los ideólogos de la capitalización diseñaron una especie de privatización por etapas, entregando a los "capitalizadores" extranjeros la mitad de las acciones de las principales empresas nacionales.

Para materializar la privatización de ENTEL, primero convirtieron a la empresa estatal en una sociedad de economía mixta. Se entregó a los trabajadores de la empresa (entendidos como particulares) el 3% de las acciones de la nueva sociedad a cambio de sus beneficios sociales y el Estado boliviano se quedó con el 97%. De esta forma, ENTEL se convirtió en una sociedad de economía mixta regida por el Código de Comercio.

Una vez que la empresa comenzó a regirse por el derecho privado y no por el derecho público, se sentaron las bases para la entrega de ENTEL a los privados a través del mal llamado proceso de "capitalización". Se transfirió el 50% del paquete accionario a ETI EUROTELECOM y el restante 50% se distribuyó entre los "bolivianos" beneficiarios de la capitalización y los trabajadores de la empresa. Los movimientos sociales se opusieron rotundamente a que el gobierno entregue el 51% de las acciones a los privados, pero ninguna empresa extranjera tendría interés en invertir en Bolivia si no se le aseguraba el control y manejo irrestricto. De manera tendenciosa, las autoridades nacionales aseguraron que los intereses estatales y privados se encontraban en equilibrio, aunque en los hechos ENTEL se convirtió en Sociedad Anónima sin participación alguna del Estado.

La fórmula de la "capitalización" resultó ser un engaño ya que en realidad el Estado no era titular del 50% del paquete accionario de ENTEL. El 3% de las acciones quedó en manos de los trabajadores y el 47% restante, por mandato del artículo 6 de la Ley de Capitalización, fue transferido a título gratuito a los ciudadanos bolivianos residentes en el país y que al 31 de diciembre de 1995 cumplieron la mayoridad de edad (21 años). Esta maniobra terminó por marginar definitivamente al Estado de la empresa capitalizada. [1]

ETI EUROTELECOM se aseguró un excelente negocio porque recibió facultades irrestrictas de administración, manejo y control de la empresa, que se regía por el Derecho Privado (Código de Comercio), sin sujetarse a la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales. En términos sencillos, apenas el gobierno de Sánchez de Lozada tuvo constancia del depósito del "capitalizador", le entregó la chequera para que administre todos los recursos y como el cherry en la torta, le confirió el monopolio en el servicio de telecomunicaciones durante cinco años.

La historia de una estafa

Sánchez de Lozadaargumentaba que sólo el dinero "fresco" de inversionistas extranjeros, que el Estado no tenía, modernizarían las telecomunicaciones en Bolivia. Ahora se sabe que la empresa estatal pudo desarrollarse de manera autónoma reinvirtiendo sus enormes excedentes.

Al momento de la capitalización de ENTEL, la inversión de 610 millones de dólares de ETI EUROTELECOM fue dividida en dos partes. Alrededor de 130 millones de dólares se consignaron contablemente como capital y el resto, 480 millones, se registró como Prima de Emisión, vale decir como una reserva no distribuible que también debió invertirse en el sector de telecomunicaciones de Bolivia. [2]

Esta reserva se mantuvo como inversión temporaria en Bancos extranjeros y nunca se le dio el destino comprometido, hasta que en la gestión 2005 fue repartida entre los accionistas de ENTEL. Esto quiere decir que el Flujo de Operaciones de la empresa fue lo que en realidad se invirtió en su expansión y no así los recursos comprometidos en la capitalización. Un análisis de los Balances Generales y Estados de Resultados de la propia ENTEL revela que las inversiones realizadas por la empresa en las telecomunicaciones bolivianas esencialmente tuvieron como fuente de financiamiento los recursos generados por la propia empresa. Un alto ejecutivo de ENTEL reveló en 2005 que la empresa no se necesitaba más de 50 millones de bolivianos, aproximadamente 6 millones de dólares, para operar.

Esta primera constatación, que echa por tierra el supuesto de que la inversión extranjera desarrolló las telecomunicaciones en Bolivia, apenas es el principio de una larga cadena de desengaños. En 11 años de operaciones, ETI EUROTELECOM cometió infinidad de irregularidades, según varias auditorias independientes e investigaciones realizadas por el Poder Ejecutivo. La empresa no cumplió sus compromisos de inversión (se identificaron sobreprecios en compras mayores e irregulares contratos de asistencia técnica por transferencia de know how), incumplió metas de expansión; evadió obligaciones tributarias y descapitalizó la empresa en aproximadamente 396 millones de dólares.

Nunca se supo si ETI EUROTELECOM ejecutó realmente las inversiones comprometidas en la capitalización debido a la falta de transparencia en el manejo de la empresa y en el proceso de control y fiscalización encargado a las autoridades.

A través del artículo 10 de la Ley del Sistema de Regulación Sectorial SIRESE N° 1600 del 28 de octubre de 1994 se concedió a los Superintendentes Sectoriales la atribución de vigilar la correcta prestación de los servicios y el cumplimiento de obligaciones contractuales, incluyendo la ejecución del plan de inversiones comprometido. Asimismo, el artículo 48 numeral II de la Ley de Propiedad y Crédito Popular N° 1864 del 15 de junio de 1998 dispuso que los superintendentes del SIRESE exijan a las capitalizadas informes oportunos sobre sus planes de inversión con parámetros establecidos en los contratos a fin de evaluar y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Auditorías específicas practicadas a ENTEL en el período 1996 - 2003 por encargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones develaron que la empresa invirtió 497 millones de dólares, es decir 144 millones menos de los 641 millones de dólares comprometidos.

Los informes de las firmas auditoras mencionan que muchos contratos de adquisiciones que figuran como inversiones no tenían documentación respaldatoria; que algunos contratos de adquisiciones fueron consignados dos veces (duplicados) y que varios de ellos figuran como pagados pese a que la documentación sustentatoria indica que son contratos rescindidos. En varios casos ENTEL consignó como inversión el total de la factura pagada sin deducir el 13% del IVA, e hizo figurar como inversión conceptos que corresponden a gastos. [3]

Una resolución de la Superintendencia Tributaria del 14 de marzo de 2007 confirmó la Resolución Determinativa del Servicio de Impuestos Nacionales Regional La Paz que atribuyó a ENTEL una obligación tributaria de 54,1 millones de dólares por la omisión en la retención del Impuesto a las Utilidades de las Empresas - Beneficiarios el Exterior (IUE - BE) en 2005, más una multa por contravenir al artículo 165 del Código Tributario.

Además, en la Superintendencia Tributaria se encuentra en proceso un presunto caso de evasión tributaria de 27,6 millones de dólares en la gestión 2002. Esto quiere decir que ENTEL SA enfrenta procesos contenciosos por omisión tributaria (2005) y evasión tributaria (2002) por un monto cercano a los 82.2 millones de dólares, sin tomar en cuenta otras gestiones.

Los capitalizadores de ENTEL se aprovecharon del favor político

Uno de los rasgos más notorios del proceso de capitalizaciónfue la estrecha vinculación de autoridades de los gobiernos de Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez, Jorge Quiroga Ramírez, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé con la compañía capitalizadora de ENTEL S.A. Los inversionistas le sacaron el jugo a estas relaciones, muchas de ellas abiertamente incestuosas.

El ex ministro de Carlos D. Mesa Wálter Kreidler [4] emitió el Decreto Supremo N° 28172, facultando al Ministerio de Desarrollo Económico para que certifique el cumplimiento de las inversiones por parte de ETI, contraviniendo la Ley N° 1600 del Sistema de Regulación Sectorial que otorga esa atribución a los Superintendentes Sectoriales. Kreidler es miembro de la cooperativa telefónica cruceña COTAS Ltda y fue muy allegado a Hans Lohner Paz, el gerente general de COTAS que falleció en un accidente aéreo junto al ex Delegado Presidencial para la revisión de la Capitalización Juan Carlos Virreyra, cuando se dirigía a la ciudad de Tarija para negociar con la cooperativa local la compra de ENTEL SA con el respaldo de todos los grupos de poder de Santa Cruz y de las empresas petroleras.

El hecho es que el Decreto emitido por Kreidler permitió luego al ex ministro Carlos Díaz Villavicencio, en el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, certificar el cumplimiento de las inversiones de ENTEL SA en Bolivia y declarar extinguido el Contrato de Suscripción de Acciones por cumplimiento de objeto (Resolución Ministerial 194 de agosto de 2005). Díaz Villavicencio certificó las inversiones del capitalizador sin tomar en cuenta varias auditorías que reportaron diferencias en las inversiones por un monto de 144 millones de dólares.

Con su acción, Díaz Villavicencio legalizó las inversiones de ENTEL SA en Bolivia, liberó a ETI de compromisos con el país, le dio luz verde para que proceda a la reducción de capital y le dejó libre para que venda su participación accionaria en ENTEL descapitalizada a COTAS Ltda. Hay que resaltar que Díaz Villavicencio también fue Miembro del Consejo de Administración de COTAS y fue gerente de la Compañía Petrolera Helmerich & Payne Rasco.

Fabián Rabinovich, socio principal de la firma PRICE WATERHOUSE, tuvo a su cargo los principales trabajos de auditoria para ENTEL SA, como para muchas empresas petroleras. Sobre la base del trabajo de esta firma de consultoría se certificaron las inversiones de ETI. Lo que sorprende es que Rabinovich también fue miembro Titular del Comité de Auditoria de ENTEL SA, es decir que participó simultáneamente como socio principal de la empresa que auditó las inversiones y operaciones de ENTEL SA y como miembro del Comité de Auditoria de la empresa auditada. [5]

Wálter Núñez Rodríguez, ex ministro de Agricultura de Jorge Quiroga Ramírez y ex Presidente de la Cámara del Oriente (CAO), también fue miembro Titular del Comité de Auditoria de ENTEL SA y actualmente se desempeña como Director Titular de la empresa capitalizada en representación de las AFPs. [6] Agropecuaria

También fue miembro titular del comité de auditoría de ENTEL Carlos Alberto López Quiroga, ex viceministro de Energía e Hidrocarburos de Jorge Quiroga Ramírez, ex ministro interino de Desarrollo Económico en el Gobierno de Hugo Banzer Suárez y uno de los más férreos defensores de los intereses de las empresas petroleras en el país.

La descapitalización de ENTEL

El 20 de septiembre de 2005, la directiva de ENTEL SA convocó a una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima ENTEL SA, a la que asistió la mayoría de los accionistas. En el orden del día destacaron cinco puntos: Eliminación del Articulo 13 de los Estatutos; Aumento del capital autorizado y modificación de Estatutos; Aumento del capital pagado por capitalización de cuentas de reserva; Reducción del capital pagado y distribución del excedente y Reducción del capital autorizado y modificación de los Estatutos.

"Las propuestas de reducción de capital se realizarían mediante la capitalización de parte de las cuentas de reserva. Esta reducción de liquidez permitirá lograr una mayor eficiencia en la estructura patrimonial", explicóel presidente de la compañía, refiriéndose a la cuenta de Ajuste Global al Patrimonio y la Prima de Emisión. [7]

El Presidente de la compañía explicó que "al haberse extinguido las obligaciones bajo el contrato de suscripción de acciones emergentes el proceso de capitalización, la sociedad tiene la libertad de incrementar su capital" (Autorizado mediante la RM 194 del Ministerio de Desarrollo Económico).

Es así que la Junta dispuso "el aumento del Capital Autorizado de la sociedad hasta el monto de Bs 4.500.000.000 y, en consecuencia la modificación del artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad".

El Presidente de la empresa argumentó que "informes de consultores externos independientes certifican la viabilidad y procedencia del aumento de capital mediante la capitalización de las cuentas de reserva...", refiriéndose a las auditorias de gestión elaboradas por PRICE WATERHOUSE por encargo de ENTEL. Añadió que "... la empresa opera normalmente con disponibilidades financieras que no superan los 50 millones de bolivianos (equivalente aproximadamente 6 millones de dólares)...".

La Junta dispuso la reducción del capital pagado "en razón al bajo rendimiento de las inversiones financieras debido a la disminución de las tasas de interés a nivel mundial" y "dada la falta de oportunidad de inversiones en el mercado nacional y mundial de telecomunicaciones...".

Con estos argumentos, la Junta procedió a la capitalización y descapitalización de la empresa en la misma reunión. En un primer momento el valor de las acciones subió de 100 a 350 bolivianos, para luego liquidarse al valor iniciar de 100 bolivianos. La diferencia (250 bolivianos) se pagó a los accionistas liquidando las inversiones temporarias expresadas en Certificados de Depósito a Plazo Fijo de fondos que se encuentran en bancos extranjeros, y utilizando la propia liquidez de la empresa. De esta forma se arrebató 396 millones de dólares a ENTEL, de los cuales ETI se llevó 198 millones de dólares, el 50%.

A poner orden en la casa

Mediante Decreto Supremo N° 29087, el gobierno de Evo Morales creó una Comisión Ad hoc[8] encargada de negociar con EUROTELECOM INTERNATIONAL NV (ETI) la recuperación de ENTEL en favor del Estado boliviano.

En la primera reunión con los inversionistas celebrada el 11 de abril de 2007, los representantes del gobierno pusieron sobre la mesa las irregularidades detectadas durante la administración del grupo capitalizador. De entrada, las autoridades del Ejecutivo cuestionaron la participación del abogado empresarial Santiago Nishishawa, quien fue expulsado de la mesa de negociación por sus claras contravenciones a la ética.

Nishizawa fue director Jurídico del Ministerio de Capitalización y estrecho colaborador del ex ministro Alfonso Revollo. Este abogado, luego de entregar el 50% del paquete accionario, la administración y la chequera de la empresa nacional de telecomunicaciones al grupo capitalizador, pasó a administrar las acciones de los bolivianos en fideicomiso en el City Trust Bahamas. Después, contraviniendo normas éticas y profesionales que rigen la conducta de los abogados, así como normas de la administración pública que censuran los conflictos de intereses, Nishizawa se convirtió en asesor legal de ETI EUROTELECOM y de ENTEL SA, y se presentó en las reuniones de negociación con el gobierno asesorando a ETI TELECOM para la venta de sus acciones al Estado boliviano.

ETI EUROTELECOM interrumpió unilateralmente las negociaciones con el gobierno desarrolladas en abril de 2007, luego de que el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N° 29101, por el cual se recupera las acciones del Estado en ENTEL que estaban bajo custodia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), y el Decreto Supremo N° 29100 que abroga el Decreto Supremo N° 28172 violatorio de la Ley N° 1600 del Sistema de Regulación Sectorial.

A decir de ETI EUROTELECOM, los decretos en cuestión impactaron "en forma sorprendente y directa sobre las actividades legítimas llevadas a cabo por ENTEL y sus accionistas", aunque ninguna de las normas conciernen a los inversionistas privados. Los capitalistas adujeron también que la Comisión gubernamental no creó las condiciones para un trabajo conjunto y formuló "acusaciones infundadas en contra de ENTEL y ETI". Con esos argumentos, ETI solicitó reuniones con la Comisión "en algún lugar" fuera de Bolivia.

El gobierno respondió que la emisión de Decretos Supremos es potestad del Poder Ejecutivo, conforme establece el Artículo 96 de la Constitución Política del Estado; y afirmó enfáticamente que no seguirá tratativas secretas en "algún lugar" fuera de Bolivia, toda vez que sus actos se guían por la transparencia en vista de que nada tiene que ocultar a su ciudadanía.

La transnacional holandesa-italiana descartó de forma unilateral cualquier posibilidad de negociación y evitó dar la cara ante la comisión gubernamental. Para defender sus inversiones, ETI prefirió iniciar un procedimiento arbitral en contra del Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial con sede en Washington, amparándose en el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre la República de Bolivia y el Reino de Holanda, y sin reparar que Bolivia renunció al CIADI en mayo de 2007.

[1] Las autoridades que llevaron adelante el proceso de capitalización se aseguraron de eliminar la participación del Estado en la sociedad, bajo la ficción de transferir las acciones a los ciudadanos bolivianos, aunque ningún ciudadano boliviano recibió hasta el día de hoy ni una sola acción, así como tampoco participó en la administración, dirección o ejecución de actividades. De manera arbitraria e irregular, el Ejecutivo puso las acciones en fideicomiso y posteriormente las entregó a las AFPs (sociedades de Derecho Privado), vulnerando las normas del propio Código de Comercio que regula el funcionamiento de las Sociedades Anónimas. El régimen de fideicomiso, administración de las acciones, desempeño de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) y el pago del Bonosol merecen un análisis separado, por considerarse elementos articuladores del proceso de capitalización.

[2] Cláusula 5.8 del Contrato de Suscripción de Acciones

[3] Estos resultados se hallan respaldados por los siguientes documentos: a) Informe Ejecutivo de las auditorias practicadas a ENTEL SA sobre inversiones y compras mayores a $US. 500.000. Carta DFD/2006/1331/07625 Cod.: JFR.22. de 13 de julio de 2006 de la Superintendencia de Telecomunicaciones. b) Informes de Auditorias encargados por la Superintendencia de Telecomunicaciones. Los principales contratos de adquisiciones considerados por ENTEL como inversiones y que las auditorias determinan que no se trata de inversiones ejecutadas se detallan en el Anexo I.

[4] Kreidler es dirigente de los empresarios privados, hermano de Alfonso Kreidler, ex Ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada y hermano de José Kreidler, ex Vicepresidente de YPFB y Gerente de la Empresa de Servicios Petroleros Serpetrol.

[5] Una vez descapitalizada la empresa y cerrado el circuito depredador de los intereses de la patria, Rabinovich renunció a ENTEL SA el 8 de noviembre de 2006.

[6] Al inicio del proceso representó a las AFPs Gonzalo Bedoya, de la Compañía Aseguradora CIACRUZ, que vendió los seguros al Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), entidad que aporta acciones para el mismo Sistema de Pensiones, y por Raúl Garafulic, quien cometió el delito de tráfico de influencias al comprar acciones del LAB en su propio beneficio. Las AFPs están controladas por Bancos españoles y suizos.

[7] La eficiencia en la estructura patrimonial no se ha modificado y el argumento de mayor eficiencia no esta demostrado.

[8] Conformada por los Ministerios de la Presidencia, de Hacienda, Obras Públicas, Servicios y Vivienda; los Viceministerios de Coordinación Gubernamental y de Telecomunicaciones y un equipo técnico jurídico interministerial.