14 de abril 2008. - Una serie de cambios legales busca que a partir del 2010 los partidos pierdan sus curules si se comprueban los nexos de sus representantes con los paramilitares

El Congreso colombiano quiere detener el desprestigio institucional en el cual ha caído, a causa del denominado escándalo de la parapolítica. Las fuerzas partidistas representadas en el Legislativo llegaron a un acuerdo con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe para ejecutar una reforma política desde mañana.

La idea es que a través de un paquete de cambios legales, muchos de ellos ya debatidos en primera instancia, se pueda sancionar a los congresistas y senadores, así como a las agrupaciones políticas a las cuales pertenecen. Esto en caso de que la Corte Suprema de Justicia compruebe, a través de un juicio procesal, la existencia de nexos de aquellos con los grupos paramilitares y su apoyo directo en su campaña electoral.

Este proyecto entrará en debate mañana y su objetivo es detener la ola de críticas surgidas en contra del Congreso, así como los crecientes pedidos para que este poder del Estado se disuelva, debido a las múltiples investigaciones y órdenes de captura dictadas por la Justicia en contra de sus integrantes. El propio presidente Uribe ha dicho que cerrar el Congreso sería un salto al vacío.

Según lo apuntó la revista Semana, el escándalo de la parapolítica tiene 16 senadores detenidos y 13 en proceso de investigación; así como 12 representantes (congresistas) en la cárcel y otros 10 en mira de las autoridades.

Según la analista Claudia López, estos graves nexos afectan a la cuarta parte del Poder Legislativo. La norma por aprobarse es conocida como ‘la silla vacía’, lo que implica que si un determinado senador o congresista es encontrado culpable con sentencia ejecutoriada, perderá su curul y el partido que lo auspició no podrá recuperar esa vacante.

Si más del 50% del bloque parlamentario de alguna agrupación llega a ser sancionado, el partido político también perderá su registro electoral.

No obstante, los frutos de esta reforma tardarían en materializarse. Pese a la gravedad de estas denuncias, hay una fuerte y polémica presión dentro del Congreso porque la norma que está por aprobarse entre a regir recién en la próxima legislatura. Es decir en el 2010, por el principio de la no retroactividad de la ley.

Y en caso de que la presión ciudadana obligue a que este proceso se aplique de inmediato, las sanciones a los políticos llegarían en al menos un año más. Si se toma en cuenta que el escándalo de la parapolítica estalló hacia finales del 2006, apenas tres congresistas han recibido hasta ahora una sentencia en firme: dos legisladores de Colombia Democrática y uno del Partido Conservador. Están a la espera de avances en su proceso 47 acusados.

El analista Pedro Medellín cree que el espíritu de la reforma es positivo siempre y cuando actúe de manera retroactiva “y se aplique a los casos sentenciados de esta Legislatura”. Él cree que un juicio de esta naturaleza, contra un legislador, puede tomar unos ocho o 10 meses por su complejidad.

La Corte Suprema bloqueó al Presidente

La Corte Suprema de Justicia advirtió al Gobierno colombiano que autorizará la extradición a terceros países (principalmente a EE.UU.) de los miembros desmovilizados de los grupos paramilitares, siempre y cuando esta medida no afecte al proceso de verdad y reparación a las víctimas de los crímenes cometidos por estos grupos.

De esta forma, la decisión del presidente Álvaro Uribe de disponer la extradición a EE.UU. de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, miembro de las desmovilizadas AUC, fue neutralizada por la Justicia, mediante una tutela interpuesta por los grupos de derechos humanos.

Ellos aseguraron que si ‘Macaco’ va a Estados Unidos se entorpecerán sus atroces revelaciones. Uribe ha dicho que hará todo lo posible por lograr la extradición del ex jefe paramilitar.