(La Paz 22 de febrero, de 2008).- Ante procesos electorales ilegales que amenazan la integridad del país, el Presidente Evo Morales Ayma, mediante una carta, pidió al Congreso Nacional viabilizar las consultas correspondientes para refrendar la nueva Constitución Política del Estado sancionada el 9 de diciembre por la Asamblea Constituyente, en Oruro. La información fue proporcionada hoy por el vocero de Palacio Alex Contreras.

La misiva que fue enviada al presidente nato del Congreso, Álvaro García Linera, señala que la nueva “Constitución debe ser sometida a procesos de consulta popular para que sea el pueblo soberano quien finalmente la refrende con su voto y de esta manera, en base a la voluntad ciudadana, constituirse en la nueva norma fundamental y el nuevo pacto político que posibilite la refundación de nuestro país”.

El prefecto de Santa Cruz Rubén Costas convocó a referéndum departamental para el 4 de mayo destinado a refrendar un estatuto autonómico elaborado por un grupo de gente que no fue elegida para esa tarea.

La acción de esta autoridad regional raya en la ilegalidad, pues la ingeniería legal del país no otorga la potestad a ningún prefecto de llamar a una consulta popular a nivel departamental.

Cuando el Primer Mandatario menciona en su carta procesos electorales irregulares, precisamente se refiere al llamado del prefecto cruceño y que será imitado por grupos de otras regiones que conforman la denominada media luna (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca), sin ningún sustento legal.

La Ley 2769 del Referéndum en su artículo 6, parágrafo III señala: “En tanto no exista un gobierno departamental electo por voto popular, el referéndum departamental será convocado por el Congreso Nacional, por mayoría de votos de los presentes …”

Pero existe otro elemento que atenta contra el sistema legal boliviano, pues no existe ley alguna que otorgue a alguien la elaboración de estatutos autonómicos, por lo tanto cualquier grupo que se arrogue esa función no está actuando en el marco institucional del país.

El estatuto autonómico en Santa Cruz fue elaborado de facto por un grupo de gente que no fue elegida para esas funciones y sin ningún respaldo legal.