TeleSUR _ 19/02/08 -El lunes, el Fiscal general de la nación, Mario Iguarán Arana, anunció además que investigará quien y por que fueron interceptados los teléfonos del presidente colombiano, Álvaro Uribe o el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Cesar Julio Valencia.

La procaduría general colombiana reveló este martes una lista de 37 personas cuyas conversaciones telefónicas han sido interceptadas ilegalmente entre el 2005 y el 2007. En esta lista figuran periodistas, miembros de la iglesia católica, organismos internacionales y funcionarios del gobierno colombiano, incluido el Presidente, Álvaro Uribe.

El lunes, el ex director de inteligencia de la Policía Nacional colombiana, Guillermo Chávez, fue destituido e inhabilitado por la procuraduría y sindicado de estar relacionado con la interceptación de varias llamadas telefónicas.

En la determinación, la procuraduría observó que tanto el oficial como otras personas, que tenían a su cargo la inteligencia de la Policía Nacional, no controlaron el uso de los elementos para interceptar llamadas telefónicas.

Por estos hechos también fueron destituidos el teniente coronel Jairo Noe Ariza, jefe de Contrainteligencia; el oficial Luis Antonio Rueda, jefe del área de producción de inteligencia; y la intendente Aleisneider Gómez, jefe administrativa de los servicios de inteligencia.

La procuraduría encontró indicios de que estas personas tenían conocimiento de las "chuzadas" telefónicas efectuadas entre el 2005 y 2006, sin orden judicial.

Caso similar en el pasado reveló infiltraciones

En abril del 2007, se evidenció que la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional realizaba desde hace dos años intercepciones telefónicas a miembros del gobierno, a la oposición y a periodistas.

La revista "Semana", publicó entonces extractos de conversaciones sostenidas por paramilitares desmovilizados, en las que revelan que siguen ordenando asesinatos, tomas de poblaciones y operaciones de narcotráfico desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüi, donde se encuentran recluídos.

El presidente Álvaro Uribe negó en la oportunidad tener conocimiento de las escuchas telefónicas y, en mayo del mismo año, removió de sus cargos en la Policía Nacional a 12 generales, prácticamente toda la cúpula de ese cuerpo.

Muchos pidieron la renuncia del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, la cual no ocurrió.

Por otro lado, este mismo martes, el Partido Liberal (principal partido de oposición) presentó en el Senado un proyecto de ley sobre temas de seguridad y que busca establecer límites a las intercepciones telefónicas ilegales.

Su autor, el senador Juan Manuel Galán, quien tiene el respaldo de toda su bancada, aseguró que la iniciativa pretende regular de manera integral las labores de inteligencia en este país latinoamericano haciendo una distinción entre la inteligencia militar, la criminal y la técnica.

Sostuvo que así estas quedarán delimitadas en la ley y cuáles son los terrenos de acción de estas agencias de inteligencia donde la policía del DAS se convierte en el eje central, pero "un DAS renovado, depurado, que no este expuesto a infiltraciones, como sucedió en el pasado con varios casos de paramilitares" dijo el senador opositor.

¿Gobierno "chuzado"?

Dentro de los integrantes del Gobierno colombiano que han sido sometidos a escuchas telefónicas figuran el alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, el miembro de la comisión de reparación a víctimas de las autodefensas, Eduardo Pizarro León Gómez, y el ex ministro y actual embajador Sabas Pretelt de la Vega.

El lunes, el fiscal general de la nación, Mario Iguarán Arana, anunció además que investigará quien y por que fueron interceptados los teléfonos del presidente colombiano, Álvaro Uribe o el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cesar Julio Valencia.

La grabación se corresponde con una conversación que Uribe sostuvo con el magistrado que por la época de la interceptación, en noviembre de 2007, ejercía el cargo de presidente de la CSJ.

Mario Iguarán dijo que la investigación está orientada inicialmente a establecer quién fue el interceptado y qué se pretendía con la circulación pública de las comunicaciones que sostuvieron ambos altos funcionarios.

Otras de las personas a las que le eran interceptadas de manera ilegal las comunicaciones son los delegados de la OEA en Colombia, Sergio Caramagna y Lucas Pineda, un funcionario de la Comité Internacional de la Cruz Roja, Juan Pedro Chaerer y el obispo de Montería, monseñor Julio Cesar Vidal.

En los registros también figuran 13 periodistas. Asimismo fueron interceptadas organizaciones no gubernamentales (ONG) como el Colectivo de Abogados, además de los ex congresistas Eleonora Pineda, Rocío Arias y Carlos Moreno de Caro.

La Procuraduría detectó que hubo más de mil 900 registros que fueron borrados y no recuperados, y que posiblemente hayan sido filtrados.