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Fujimori clama a gritos su inocencia en juicio en Perú | Credito: Reuters |
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Lima, 10 de julio de 2007 / El ex presidente peruano Alberto Fujimori clamó el lunes a gritos su inocencia en un histórico juicio por casos de supuestos abusos a los derechos humanos y más bien afirmó que salvó al país de la guerrilla de Sendero Luminoso, que según él controlaba la mitad del territorio de Perú.
El ex mandatario dijo además en tono enérgico y exaltado que recibió en 1990 a un "país desangrándose" por la violencia y crisis económica, en su primera declaración pública desde que fue extraditado el 22 de septiembre desde Chile.
Fujimori, de 69 años, que podría ser condenado hasta 30 años de prisión y al pago de una millonaria indemnización, enfrenta cargos de asesinato, lesiones graves y secuestro durante su gestión entre 1990 y el 2000, años en los que combatió con severidad a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso.
"A raíz de mi Gobierno se respetan los derechos humanos de 25 millones de peruanos, sin excepción alguna. Si se cometieron algunos hechos execrables los condeno, pero no fueron orden de quien habla," dijo Fujimori con la voz en alto y alzando una y otra vez su brazo derecho.
"Por eso rechazo los cargos, totalmente, soy inocente y no acepto esta acusación fiscal," afirmó el ex mandatario, tras escuchar imperturbable la acusación fiscal en la primera parte del juicio que duró tres horas dentro del cuartel policial donde permanece recluido bajo extremas medidas de seguridad.
Luego de un receso, el presidente de la sala judicial, César San Martín, suspendió la audiencia hasta el miércoles tras recibir un informe médico que señaló que Fujimori sufrió una "crisis hipertensiva".
Seguidores:
Fujimori sigue dividiendo a los peruanos. Varios de sus seguidores se dieron cita en las afueras del cuartel de policía de Lima donde se realiza este juicio considerado histórico en Perú.
En efecto, es la primera vez que un ex jefe de Estado debe responder ante la justicia por hechos ocurridos durante su mandato.
Gritando consignas y mostrando pancartas, sus partidarios demandaron su libertad y elogiaron su "política antiterrorista" contra los grupos "Sendero Luminoso" y "Tupac Amaru".
El juicio a Fujimori, de 69 años, es el último episodio de una larga saga que comenzó a fines de 2000 cuando en medio de escándalos por corrupción, huyó del país.
Defensa:
Desde Japón, donde se autoexilió por cinco años, envió su renuncia por fax. Desde ese país se trasladó a Chile donde fue arrestado y tras una larga batalla judicial, extraditado a Perú, de cuya justicia estuvo prófugo en los últimos siete años.
En la apertura del juicio, su abogado, César Nakazaki (también de descendencia japonesa), leyó una lista de generales y oficiales de alto rango del ejército y la policía que serán llamados a declarar.
Según el letrado, estos testigos dejarán demostrado que Fujimori no ordenó métodos extrajudiciales en la lucha contra la guerrilla peruana y que su conducta es "incompatible con cualquier práctica de 'guerra sucia' o guerra no convencional".
De ser encontrado culpable, el ex presidente peruano se arriesga a recibir una condena de hasta 30 años de prisión y a pagar US$34 millones.
Sentencia este martes:
El proceso iniciado este lunes se refiere a las ejecuciones extrajudiciales de 25 personas en 1991 y 1992 (Barrios Altos y La Cantuta), en el marco de la lucha contra la guerrilla de izquierda, así como los secuestros de un empresario y un periodista opositores al gobierno.
Pero para este martes se espera la primera sentencia que Fujimori recibirá de la justicia peruana por otro de los tres "megajuicios" que se le siguen.
El dictamen se refiere al proceso sumario por el presunto registro ilegal en noviembre del año 2000 de la casa de Trinidad Becerra, esposa de su ex jefe de los servicios de inteligencia, Vladimiro Montesinos.
La fiscalía solicitó siete años de prisión para el ex mandatario acusándolo de haber ingresado a la vivienda para ubicar y ocultar videos y documentos que supuestamente lo vinculaban con casos de corrupción.
El otro proceso judicial que enfrenta el ex mandatario se refiere al pago irregular de US$15 millones a Montesinos en concepto de "compensación por tiempo de servicio" y a la supuesta compra ilegal de un canal de televisión para que apoye su tercera reelección en el 2000.
En esta misma causa se lo acusa de violar el secreto de las comunicaciones de dirigentes políticos, entre ellos Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de la ONU y ex candidato a la presidencia de Perú.