Miles de personas protestaron fuera de la Embajada de EEUU, exigiendo la expulsión del ex presidente radicado en Washington, EEUU Credito: efe

17 Octubre 2007. - El ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, exiliado en Estados Unidos, fue acusado este miércoles por la Fiscalía General de Bolivia de genocidio y de otros ocho delitos, según reza un comunicado oficial, por su responsabilidad en la represión a la población conocida como "Masacre de octubre".

La imputación formal, que también incluye a Ministros y Jefes militares, fue presentada este miércoles ante la Corte Suprema por el fiscal general, Mario Uribe. La acusación responsabiliza al ex presidente y sus colaboradores de haber reprimido una revuelta popular, con saldo de 67 muertos y más de 400 heridos, en octubre de 2003.

Uribe precisó que la causa contempla la "comisión de los delitos de genocidio, en su modalidad de masacre (...), homicidio, lesiones graves y leves, privación de libertad (...), violación de libertad de prensa" y otros sancionados por el código penal.

No bastante, la Sala Plena de la Corte Suprema deberá notificar a las partes -las víctimas y los imputados- para comenzar a preparar el juicio, que dura entre 30 y 60 días. En esta etapa, los involucrados tienen el derecho de presentar su acusación particular. Una vez vencido el plazo, el máximo órgano de justicia en el país, fijará fecha y hora para iniciar el juicio oral continuo, donde se presentarán las pruebas convenientes y finalizará con la sentencia como conclusión de este proceso.

Masacre de octubre
A mediados de octubre de 2003, miles de bolivianos salieron a las calles para protestar por la la venta de gas a Estados Unidos a través de un puerto en Chile y demandaban su industrialización en territorio boliviano. También exigían la convocatoria a una Asamblea Constituyente que transformara el Estado colonial heredado.

La protesta fue violentamente reprimida, pero no pudo contener la agitación popular, que forzó la renuncia de Sánchez de Lozada, quien huyó a Estados Unidos

Y al cumplirse cuatro años de estos sucesos, familiares y víctimas del "octubre negro", salieron a las calles para reclamar se haga justicia.

Trabajadores, activistas defensores de los derechos humanos, familiares de los muertos y lisiados de la masacre abarrotaron las calles de la ciudad sede de gobierno y demandaron en las puertas de la Embajada de Estados Unidos la expulsión de ese país de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Los marchistas amenazaron con exigir el cierre de la Embajada estadounidense, si es que el gobierno de George W. Bush sigue entorpeciendo el proceso, según ha venido denunciando Bolivia.

Al retraso del proceso también ha contribuido la falta de voluntad de tres imputados, el propio Sánchez de Lozada, así como Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, quienes no apoyaron las investigaciones por huir del país.

La marcha se inició a la altura de la Cervecería Boliviana Nacional y contó con la participación de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las centrales obreras de El Alto y Oruro, junto a miembros del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades.