París. Acusaciones de corrupción que pesan sobre dos empresas francesas, la aeronáutica Eads y la estatal armamentista Sofremi, y contra la firma alemana de telecomunicaciones Siemens, dejan al desnudo el alcance y el descontrol del fenómeno en la Europa rica.
El organismo que regula la Bolsa de Comercio de París, conocido por las siglas AMF, involucró este mes a altos ejecutivos de Eads, fabricante del avión de pasajeros Airbus, en operaciones en beneficio propio para las que utilizaron información interna de Eads.
Entre noviembre de 2005 y abril de 2006, estos directivos de la empresa vendieron alrededor de 10 millones de dólares de acciones con una ganancia de unos 115 millones.
Los ejecutivos se desprendieron de esas acciones antes de que se conociera, en junio de 2006, que las ganancias de Eads se reducirían por su imposibilidad de entregar a los compradores, en el plazo convenido, el modelo Airbus A-380.
Esa información hizo que el precio de las acciones se derrumbara. En un solo día, el 14 de junio, los accionistas perdieron $7.200 millones.
El principal comprador de los papeles de Eads fue un banco del Estado francés, por lo que, en definitiva, fueron los contribuyentes del país quienes pagaron el precio de las acciones y sufrieron pérdidas.
Acuerdo comprado. Mientras, altos ejecutivos del gigante alemán de las telecomunicaciones Siemens respiran aliviados, pues quedó sin efecto una investigación por corrupción gracias a un acuerdo extrajudicial por el que pagaron a cambio una multa pequeña.
En diciembre de 2006 se descubrió que la compañía sobornó a funcionarios de otros países para obtener contratos de obras públicas. Siemens admitió haber destinado 594 millones de dólares a esas "comisiones", pero las investigaciones elevaron luego esa cifra a unos 1.350 millones de dólares.
Un tribunal de Munich cerró el caso tras el pago de una multa de 284 millones de dólares.
Ilegalidad. En otra investigación, un tribunal francés inició el 8 de octubre las audiencias referidas a transferencias ilegales de armas a través de un organismo estatal, con destino a África, en 1993 y 1994.
Nueve personas están acusadas de recibir sobornos, entre ellas el hijo del ex ministro del Interior francés, Charles Pasqua. Angola compró armas por 633 millones de dólares a través de la estatal Sofremi, que exporta equipo militar. Las ventas incluyeron tanques, cohetes y helicópteros.
Dos figuras claves, Pierre Falcone y Arcady Gaydamak, no responden las preguntas de los jueces. Falcone, francés, fue designado por Angola embajador ante la Unesco y cuenta con inmunidad. Gaydamak, israelí, vive en Jerusalén y se negó a asistir al tribunal.
