El presidente Correa, en el momento en que firmaba el decreto en el Palacio de Carondelet en Quito. Credito: Efe

TeleSUR _ 05/10/07 - El ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga, adelantó que, según cálculos preliminares, el Estado obtendrá con la medida adoptada este jueves 69 millones de dólares mensuales de los beneficios extraordinarios obtenidos cuando el precio del crudo rebasa el fijado en los contratos.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió este viernes que el decreto que establece que el 99 por ciento de los beneficios extraordinarios del petróleo sean para el Estado no supone una confiscación, porque el crudo, de acuerdo con la Constitución, es propiedad del pueblo ecuatoriano.

"¿De qué confiscación pueden hablar si el petróleo es nuestro", señaló el Primer Mandatario al inicio de un gabinete ministerial, según refirió la Presidencia de la República en un boletín informativo.

Correa explicó que "estamos parando pérdidas extraordinarias que por la desidia y la negligencia ha tenido el país" y añadió que, "durante años, ciertas empresas petroleras han tenido rentabilidad del 200% y el 300% y algunas ni siquiera han pagado impuestos".

El gobernante acotó que, no obstante, la rentabilidad se está respetando, y que lo está siendo recuperado es el excedente en los ingresos causado por los altos precios internacionales del crudo.

"Los contratos establecen una rentabilidad que se está respetando, pero, por el incremento del precio de nuestro petróleo (porque el petróleo, de acuerdo a nuestra Constitución, es propiedad del pueblo ecuatoriano), hay ganancias extraordinarias que no tienen por qué a manos privadas sino al dueño del recurso, que es el Estado", manifestó.

"No hay modificación alguna de los contratos, los cuales siguen vigentes. Lo que estamos modificando es la repartición (de las ganancias adicionales, fijadas en partes iguales en 2006) como faculta la ley", expresó por su parte el ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga.

Agregó que para Ecuador, que el año pasado anuló el acuerdo con la estadounidense Oxy (que extraía 100.000 barriles diarios y fue juzgada por violar la ley), la situación jurídica para la modificación es "absolutamente clara" y apuntó que la reforma derivará en 70 millones de dólares mensuales para el Estado desde noviembre.

La disminución drástica del beneficio excedente afectará a empresas como Petrobras (Brasil), Andes Petroleum (China), Repsol-YPF (España), City Oriente (Estados Unidos) y Perenco (Francia), con las cuales Ecuador además tiene previsto renegociar sus pactos de participación.

Al respecto, el canciller brasileño Celso Amorim, de visita en Quito, dijo que Correa mostró "flexibilidad" para negociar con las petroleras, con miras a "encontrar términos adecuados" en la relación. "Petrobras está interesada en mantener esa discusión", agregó.