El ex presidente Alberto Fujimori (en la foto, rodeado de agentes policiales) será traslalado bajo fuertes medidas de seguridad, cuando pise Perú, a un cuartel policial de Lima, donde estará dos semanas antes de ser juzgado por cargos de abusos a los derechos humanos y corrupción, informó el sábado el Gobierno. Luego será recluido en la escuela de agentes penitenciarios en el puerto de Callao, vecino a Lima, donde se habilitará una sala judicial en la que será procesado, tras la histórica decisión de la justicia de Chile de extraditarlo a Perú. Credito: Reuters

Lima, 22 sep (PL) Las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, con un total de 26 muertos, motivan el principal juicio que deberá afrontar el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, tras su extradición desde Chile.

El juicio agrupa a más masacres y se encuentra en una fase avanzada, con la posibilidad de que el reo sea condenado a 35 años de cárcel, por los cargos de homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada.

La matanza de los Barrios Altos fue perpetrada en este barrio tradicional limeño, la noche del 3 de noviembre de 1991, cuando elementos del paramilitar Grupo Colina irrumpieron en una fiesta vecinal, en un humilde solar, y abrieron fuego contra los participantes.

Al parecer por error, porque pensaban que se trataba de una actividad del grupo armado Sendero Luminoso, los atacantes, con los rostros cubiertos, dieron muerte a 15 personas, incluyendo al niño Javier Ríos, de ocho años, y su padre, Manuel Ríos, e hirieron de gravedad a otras cinco.

La otra masacre se registró el 18 de julio de 1992, en la Universidad Nacional Enrique Guzmán, conocida como La Cantuta, donde el mismo Grupo Colina secuestró al catedrático Hugo Muñoz y los estudiantes Luis Ortiz, Armando Perea, Bertila Lozano, Dora Oyague, Robert Espinoza, Heráclides Meza, Felipe Flores, Marcelino Rosales y Juan Mariños.

Un año después, gracias a informes a la prensa del general opositor Rodolfo Robles, 10 cuerpos calcinados fueron encontrados enterrados en las afueras de Lima y dos de los cadáveres fueron identificados como dos de los secuestrados en La Cantuta.

Los integrantes del Grupo Colina fueron denunciados por la prensa y hasta juzgados por la justicia militar, pero fueron amnistiados por Fujimori.

Otro proceso por un crimen de lesa humanidad es materia del segundo proceso contra el ex gobernante, por los secuestros de sospechosos de terrorismo en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército.

En este caso, Fujimori es acusado de lesiones graves, secuestro y delitos contra la libertad y seguridad.

Los restantes cinco procesos aprobados por la Corte Suprema de Chile se refieren a casos de corrupción, siendo el primero el del allanamiento ilegal de la casa de Trinidad Becerra, esposa del asesor presidencial Vladimiro Montesinos, en octubre de 2000.

Fujimori allanó la vivienda con el respaldo de un falso fiscal, con el aparente fin de buscar a Montesinos, entonces fugitivo, y versiones periodísticas afirman que en realidad buscaba grabaciones de video comprometedoras retenidas por el consultor.

Los delitos imputados en este caso son usurpación de funciones, abuso de autoridad y abuso contra particulares.

Fujimori es acusado de los delitos contra el respeto a la vida privada de las personas, asociación ilícita para delinquir y peculado, por la escucha telefónica practicada durante su administración (1990-2000).

Por la importación ilícita de tractores y los sobornos pagados a diversos medios de comunicación, el ex gobernante es acusado de los delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado y usurpación de funciones.

El pago ilegal de una gruesa suma como indemnización laboral a Montesinos, para que abandone el país, motiva otro proceso, también por los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación de funciones.

Los sobornos a parlamentarios opositores, para que se integren a la bancada oficialista, motivan otro juicio aprobado, por los cargos de asociación ilícita para delinquir y corrupción activa de funcionarios.