Paramilitares dijeron que están dispuestos a confesar alrededor de 2.000 crímenes que cometieron en diversas regiones de Colombia, pero especialmente en un sector fronterizo con Venezuela

Según el diario "El Tiempo" de Bogotá, el anuncio de Jorge Laverde, uno de los jefes del "Bloque Catatumbo" de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dejó "sin palabras" al fiscal que participó este miércoles en una audiencia celebrada en la ciudad caribeña de Barranquilla.

"Si no son 2.000 los muertos, nos acercamos a ese número", dijo Laverde, que se desarmó en el marco de las negociaciones entre el gobierno y las AUC, que entre 2003 y 2006 permitieron la desmovilización de casi 32.000 paramilitares.

Laverde, alias "Iguano" o "Pedro Fronteras", quien actuó en una vasta zona del departamento de Norte de Santander, confesó en sus primeras indagatorias 380 crímenes, pero la víspera sorprendió con su anuncio de hablar de 2.000 asesinatos, cifra que no han admitido otros jefes de mayor peso dentro de las AUC.

Sin embargo, el director de la organización no gubernamental Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, dijo a "El Tiempo" que los crímenes que se atribuyen al "Bloque Catatumbo", ascienden en realidad a más de 5.000, especialmente entre 2000 y 2004.

"Iguano" se vinculó a las AUC en la zona de Urabá, en el noroeste del país, pero fue enviado a Norte de Santander por quien fuera el máximo líder de los grupos paramilitares, Carlos Castaño (asesinado en abril de 2004), pues le tenía confianza para desempeñar "un papel político y militar", según "El Tiempo".

El testimonio de Laverde es considerado como fundamental en un proceso que se abrió contra Ramiro Suárez, alcalde de Cúcuta, capital de Norte de Santander, arrestado esta semana bajo cargos de tener vínculos con paramilitares y estar comprometido en dos asesinatos.

En medio de la indagatoria, Laverde también dijo que su grupo conocía de antemano los planes de las autoridades en la lucha contra los paramilitares, pues tenía infiltrada la Fiscalía de Cúcuta.

Según el fiscal Luis González, encargado de coordinar la aplicación de la ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de los paramilitares, el anuncio de Laverde de confesar unos 2.000 crímenes representa para su institución una "inmensa tarea".

"La Fiscalía y todas las entidades involucradas en Justicia y Paz tenemos la responsabilidad de ubicar esos procesos, avanzar en las investigaciones y determinar si es o no cierta la versión sobre esos crímenes. Además, tenemos que lograr que las víctimas participen en el proceso", dijo el funcionario.