Sucre, Bolivia, 11 sep (PL) Fiel a una tradición de lucha, el pueblo boliviano tomó las calles para garantizar la viabilidad de lo que hoy estima la más importante de sus conquistas: la Asamblea Constituyente.

El foro, instalado el 6 de agosto del pasado año, pero detenido en varias oportunidades por maniobras opositoras, acordó un receso de 30 días para que vuelva la tranquilidad y se pueda debatir en plenaria lo medular, o sea, el proyecto de nueva Carta Magna.

Así lo ratificaron la víspera en el Estadio Patria, de esta ciudad, más de 13 mil campesinos y representantes de pueblos originarios de toda la nación andina, participantes en una Cumbre Social.

Isaac Avalos, secretario de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), señaló que si antes fueron los piquetes y huelgas por la recuperación de los recursos naturales, apenas comienzan las jornadas en defensa de la Asamblea.

El respaldo al actual proceso de cambios que encabeza el presidente Evo Morales, dijo Avalos, también fue ratificado por los indígenas y trabajadores del campo.

Estos manifestaron incluso la voluntad de entregar hasta su propia vida por lo que llaman revolución democrática y cultural de Bolivia.

Julio Salazar, dirigente de los cocaleros del Chapare, afirmó que los históricamente marginados son ahora mayorías en Bolivia y no permitirán que la oligarquía minoritaria siga con imposiciones.

A su vez, Felix Surco, de la Federación de Colonizadores, recordó las denuncias del propio ejecutivo sobre el llamado Plan Nación Camba, que intenta derrocar al actual gobierno, y cuenta con finanzas y asesoramiento de Estados Unidos.

También esperan consolidar una oposición en el Senado, donde los partidos tradicionales son mayoría y sistemáticamente tratan de obstaculizar proyectos económicos, de integración y sociales de altos beneficios para el país.

A nombre de los agricultores del oriental departamento de Santa Cruz, Esteban Alabi fue enfático al manifestar que no permitirán más conspiraciones del Comité Cívico contra de la unidad del país.

Denunció, además, la participación en agresiones físicas y presiones de la Unión Juvenil Cruceñista, grupo de choque de la oposición.

En opinión de Alina Caranavi, de la Federación de Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa", a la vuelta de más de 500 años mucha sangre ha costado la Constituyente, por eso el amplio respaldo popular para que concluya sus labres, subrayó.

También Daniel Claros, líder de la Federación Unica de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, indicó que la cumbre social es un movimiento que apenas comienza para reivindicar la dignificación de Bolivia y evitar la fragmentación del país.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, explicó que de diversas maneras la oposición ha tratado de boicotear el cambio.

Primero interpusieron la demanda de los dos tercios en la votación, después fue el régimen autonómico, y ahora intentan que el foro colapse con el tema de la capital y el traslado a Sucre de las sedes del ejecutivo y el parlamento, recordó.

Lazarte reafirmó que los enemigos de la refundación de Bolivia no lograrán sus propósitos, aunque para ello utilicen la violencia de grupos de choque o a jueces corruptos como los de la Corte Superior del Distrito de Chuquisaca.

Pretenden mediante un ilegal fallo judicial, que el foro dirima si las sedes del Ejecutivo y del Legislativo deben pasar o no de La Paz a Chuquisaca —cuya capital es Sucre, sede de la Constituyente-, a lo que se ha opuesto la mayoría de los delegados, precisó.

La dirigente campesina recordó, además, el carácter originario de la Asamblea, por lo que ningún poder constituido pondrá en entredicho su soberanía.

En ese sentido, remarcó que las 21 comisiones y la dirección del ente deliberativo continúan su labor, y deberán analizar los 10 puntos y demandas de los movimientos campesinos y originarios acordados en la cumbre celebrada en Sucre.

Asimismo, señaló que una de las decisiones de los trabajadores del campo y los indígenas es permanecer en vigilia permanente hasta que la Asamblea no entregue el proyecto de Carta Magna, compromiso a cumplir antes del 14 de diciembre próximo.