Relaciones económicas y políticas colombo-venezolanas van mucho más allá de eventuales diferencias limítrofes, desacuerdos militares e impasses derivados de un equivocado ejercicio de la llamada diplomacia del micrófono. Aunque perdonamos la perfidia del Gral. Francisco de Paula Santander contra el Libertador, y aún siguen pendiente las reclamaciones sobre nuestro patrimonio territorial, sin embargo desde tiempos inmemoriales el Estado venezolano se ha caracterizado por mantener tendida su mano generosa, pues como sabemos nuestro territorio alberga a más de cinco millones de colombianos, sumando además el intenso comercio en la frontera que favorece la balanza comercial del vecino país. ¿Acaso 6 mil millones de dólares y más de 15 mil personas a diario cruzando el Puente Internacional Simón Bolívar, es cualquier minucia?
Desintegrada la Gran Colombia por intrigas de la “Cosiata” encabezada por Antonio José Páez desde abril de 1826, y empeorada la situación por la voracidad de la oligarquía bogotana, finalmente los venezolanos salimos con las tablas en la cabeza el 14 de diciembre de 1833, con la firma del leonino “Tratado de Amistad, Comercio, Navegación y Limites Michelena-Pombo”. Haciendo un poco de historia, cabe recordar que el Congreso reunido en Valencia el 1830 había acordado que nuestro territorio tenía por limite los mismo que existían para el momento de la Antigua Capitanía General, de acuerdo al utis possidetis, que en voz latina denota “como poseéis, así poseáis”.
Y como el negocio era redondo sin dejar ni siquiera desperdicios a nuestro favor, también nos trasquilaron con el reconocimiento y la participación de los créditos activos y pasivos de Colombia. Una vez fraccionada la antigua Colombia, y adquiriendo vida propia las tres entidades política que la conformaban, era consiguiente que entre ellas se repartieran las cargas y los derechos que constituían la herencia común, y para cumplir con ese reciproco deber se celebro la Convención del 23 de diciembre de 1834 entre los plenipotenciarios de Venezuela y Nueva Granada; reconociéndose así los créditos activos y pasivo de la extinta gran Republica.
A la ola de saqueos y despojos, en 1843, también la oligarquía neogranadina dicta un decreto sobre el comercio con la Guajira en el que se prescinde de derecho a Venezuela sobre ese territorio, y al siguiente año, también pretendieron extender sus limites orientales más allá del tratado de 1833. Para 1891, otro leñazo nos amputa un vasto territorio mediante laudo arbitral emitido por la Reina Regente Maria Cristina y el Ministro de Estado Carlos O´ Donnell. Esta vez, Venezuela pierde más de 200.000 kilómetros cuadrados, considerándose la decisión una represalia de España por apoyar a Cuba en su lucha por la independencia. Lo del tratado de abril de 1941, en tiempos del Presidente Eleazar López Contreras, es materia para otra ocasión, así como también esos aspectos negativos del puntofijismo cuarto republicano con respecto a la defensa de nuestra soberanía nacional.
Siendo los mayores consumidores de energía, y apenas un 5% de la población mundial, no deja de llamar la atención el hecho de que la economía norteamericana requiera los servicios del mandatario colombiano con un propósito ulterior. Por ello está de anteojito que agresiones de Álvaro Uribe, solo obedecen a la crisis energética que hoy alarma a los grandes industriales de EEUU, pues según estadísticas del mercado petrolero es publico y notorio que sus reservas probadas están en el más bajo nivel de toda su historia. A todas estas cabe preguntarse: Con lo bien que nos portamos con el vecino y lo muy mal que nos trata su gobierno, ¿será por eso que dicen que el diablo siempre paga mal?
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