La solidaridad de los gobiernos y pueblos progresistas, pareciera coincidir en que la lucha por el restablecimiento del gobierno constitucional del presidennte Jose Manuel Zelaya en la República de Honduras, debe tomar en cosideración, el efecto pernicioso que las medidas internacionales pueden tener sobre el pueblo hondureño, tanto porque no se puede castigar a las víctima de los golpista, como por el hecho de que, al afectar a los trabajador@s, campesin@s y demás sectores populares, se favorecen los planes de los golpistas para unificar voluntades en favor del Golpe de Estado y el gobierno mafioso de MichelettI-Vasquez Velasquez.

Es inevitable considerar, sin embargo, que las medidas que tuvieran que tomar los gobiernos tendrán efectos “colaterales” sobre la población hondureña, pero estas serían soportables y comprensibles, si se dirigieran, fundamentalmente, a las finanzas del sector oligárquico-burgués-neocolonial, que le sirve de base socio-política a los golpistas y, a los representantes del gobierno espúreo de Micheletti-Vasquez Velasquez.

En ese sentido, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y, la práctica consuetudinaria de los Estados en situaciones de conflictos interestatal e internacionales, aportan diversas medidas que, unilateral o colectivamente, son aplicables al caso de Honduras, las cuales ayudarían a cercar el gobierno golpista de la élite oligárquica-burguesa-neocolonial, que se resiste a entrar al siglo XXI y a aceptar los cambios democráticos y de Justicia Social que reclaman los pueblos de Nuestra América.

Estas serían algunas de las medidas originadas en el Derecho Internacional y la práctica de los Estados:

1.- Reducción al mínimo del personal diplomatico y consular acreditado en Honduras, con abstención de todo contacto con las autoridades golpistas. (No se deberían romper relaciones, porque desligitimaría el reconocimiento del presidente Zelaya como Jefe de Estado).

2.- Declaratoria de persona Non Grata y expulsion “ipso facto”, de los diplomáticos y representantes en los organismos internacionales, que no sean ratificados por el presidente Constitucional José Manuel Zelaya.

3.- Suspensión de los programas internacionales NO HUMANITARIOS y retiro del personal técnico y administrativo de los mismos. (Ejemplo dado por Cuba en el caso de la ténicos deportivos).

4.- No acreditación en reuniones internacionales de funcionarios técnicos, diplomáticos, militares o policiales, que no sean designados directamente por el presidente Jose Manuel Zelaya.

5.- Suspensión de los convenios militares y policiales, incluyendo ayuda para adquisición de armamento, formación, entrenamiento, maniobras y operaciones conjuntas y, estudios avanzados. (En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, se podría exigir en el seno del a OEA, reducir al mínimo ténico-operativo imprescindible, la coordinación, de la jefatura de la base de Sato Cano, con la cúpula militar mafiosa del golpista y secuestrador general Romeo Vsquez Velasquez.

6.- Prohibición de aterrizaje de aeronaves y atraque de navíos militares y civiles de bandera y procedencia de la República de Honduras, en aeropuertos y puertos de otros países.

7.- Desconocimiento de pasaportes diplomáticos y de servicios que sean expedidos con posterioridad al 28 de junio de 2009.